GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Salud ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada que ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una indemnización de 120.000 euros por acoso laboral a la médico que denunció supuestas irregularidades en la gestión de las listas de espera quirúrgicas del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
La administración, han informado a Europa Press fuentes de Salud, acepta «parcialmente» el fallo pero no comparte que se produjera acoso contra la trabajadora, médico de admisión y documentación del Hospital Virgen de las Nieves.
Ha sido el sindicato CCOO quien ha dado a conocer este martes el fallo, fechado el pasado 17 de marzo, en el que se reconoce que el SAS vulneró los «derechos fundamentales» de la doctora, que fue sometida a acoso después de que pusiera en conocimiento de la Fiscalía, junto a CCOO, el asunto.
CCOO se ha congratulado de esta nueva resolución, «reconoce con rotundidad la existencia de acoso laboral, pese a las dificultades de probar este tipo de actuaciones». Asimismo, teniendo en cuenta que la actual dirección del hospital no es la que existía cuando estos hechos se iniciaron, el sindicato espera se tomen las medidas adecuadas para restituir a la mujer en su puesto de trabajo.
El asunto de las posibles irregularidades fue investigado por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que trasladó la causa a la Agencia Española de Protección de Datos, para que informase si aprecia o no indicios de actividad criminal en las actuaciones inspectoras que lleve a cabo.
Acordó entonces el sobreseimiento provisional y el archivo de la investigación –tal y como propuso la Fiscalía de Granada– en tanto que la agencia, que contará con las actuaciones practicadas por el Ministerio Público y los hechos denunciados por la médico que dio pie a la apertura de las diligencias, no obtenga datos concretos con valor probatorio de la naturaleza penal de las posibles infracciones cometidas.
Coincidiendo con el argumento del fiscal que llevó el caso, el juez compartía «íntegramente» su criterio de que existen «indicios de una mala praxis administrativa» en la gestión de las listas de espera del centro médico, que puede ser además «continuada» en el tiempo y «extendida en la administración sanitaria».
El titular del Juzgado, Antonio Moreno, alertaba igualmente en un auto de que esa extensión temporal y personal de las irregularidades «obligaría a una auditoría completa de miles de historias clínicas», lo que podría derivar en una «afectación grave a la intimidad sanitaria de miles de ciudadanos», razón por la que trasladaba la causa a la Agencia de Protección de Datos, que es la competente para el tratamiento de estos datos personales.

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