GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)
El policía local de Puebla de Don Fadrique (Granada) acusado de matar a un perro pekinés de un disparo ha declarado que lo hizo «para evitar un mal mayor» porque el can «era un peligro» y ha negado ser un «maltratador» de animales porque, «de hecho», le «encantan».
Este juicio, que ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, es el primero de España en el que un policía local se sienta en el banquillo por matar a un perro de un disparo.
Durante la vista oral, el procesado ha reconocido que disparó al perro en la cabeza estando de servicio y con su arma reglamentaria cuando el animal se encontraba durmiendo en la calle. Tras «comprobar que estaba muerto», lo introdujo en un saco y lo tiró a un contenedor aunque asegura que «no sufrió en ningún momento», ya que se encontraba a unos 400 metros de distancia de él cuando apretó el gatillo y falleció «al instante».
Ha relatado que decidió acabar con la vida del perro, de nombre Coke, a raíz de que el alcalde del municipio, Jesús Amarrio (PSOE), le ordenara su captura tras recibir varias quejas de vecinos sobre su supuesta agresividad, ya que «se tiraba a los niños» y había «espantado» a un rebaño de ovejas, ha declarado.
El acusado, Jacinto M., también ha mantenido en todo momento que disparó al animal porque lo creía sin dueño, ya que estaba sucio y «en un estado deplorable», además de que había intentando capturarle sin éxito en varias ocasiones haciendo uso de un lazo. Sin embargo, no ha sabido explicar por qué relacionó a este perro con los hechos narrados por los vecinos a la vez que ha reconocido que por el municipio de Pueblo de Don Fadrique merodean varios perros sueltos.
Por otra parte, el agente ha defendido que el disparo contra el animal se produjo en «la última calle del pueblo», donde se lo encontró, por lo que a su juicio no hubo peligro para las personas en esa acción.
UNA BALA SIN INFORME
A la vista oral han sido llamados a declarar en calidad de testigos tanto los dueños del perro en el momento de los hechos –el verdadero propietario vive en Elche (Alicante)–, como uno de los agentes del Seprona que realizó el atestado y el propio alcalde de Puebla de Don Fadrique.
El regidor ha corroborado la versión del agente y ha mantenido que dio orden de capturar al animal tras recibir quejas de «dos o tres vecinos y un ganadero» del pueblo. «Nunca le dije que matara al perro» sino que «lo capturara para ponerlo a disposición de la perrera», de modo que –según mantiene– se enteró de los hechos a través del agente.
A preguntas del juez, el alcalde no ha sabido precisar qué vecinos ni cuándo le trasladaron las quejas respecto de la agresividad de este animal, ni tampoco el motivo por el que el acusado no elaboró un informe justificando el disparo realizado con su arma reglamentaria, algo que tampoco ha aclarado el propio agente.
«Se lo encargué –capturar al can– a Jacinto porque él tiene más trato con animales», ha añadido el edil, quien ha manifestado su intención de no tomar medidas disciplinarias contra el agente hasta que se pronuncie la Justicia.
LOS DUEÑOS DEL ANIMAL
También han declarado los dos dueños del animal en el momento de los hechos, siendo uno de ellos, Eugenio G., el que puso los hechos en conocimiento del Seprona. Ambos han negado que el perro estuviera abandonado o que fuera agresivo con los vecinos aunque sí han reconocido que solía escaparse del cortijo donde habitaba escarbando por debajo de las rejas.
Eugenio afirma que alimentaban y cuidaban a Coke aunque no llevaba identificación ni estaba vacunado «porque tenía nueve meses y debían esperar al año para hacerlo». Asimismo, el hombre ha mantenido que el policía le coaccionó para que no denunciara mientras que el alcalde le confesó que él le había mandado matar, hechos que han sido negados por los implicados en su declaración.
Durante el juicio, también ha declarado por videoconferencia el agente del Seprona que elaboró el informe los hechos, el cual ha corroborado.
El Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y mantiene la petición de cuatro meses de prisión y multa de 300 euros para el acusado por un delito de maltrato animal, al considerar que «había otras alternativas para capturar al perro que matarle».
Por ello, también mantiene la petición de indemnización para el dueño del perro de 225 euros –cantidad en la que ha sido tasado– y otros 500 por los daños morales derivados de su pérdida.
No obstante, y ante la posibilidad de que no pueda probarse el ensañamiento que exige el Código Penal para el delito de maltrato animal, el fiscal introduce una acusación alternativa por poder ser estos hechos constitutivos de una falta de daños.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por la protectora de animales «El refugio», solicita una pena de un año de prisión por un delito de maltrato animal y otro por un delito de coacciones.

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