GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
La concejal socialista de Freila (Granada) Encarnación Belmonte, que fue enjuiciada el pasado 18 de enero en la Audiencia Provincial de Granada por la venta supuestamente irregular de unos terrenos en suelo protegido, ha dimitido de su cargo tras ser condenada por este asunto por un delito de estafa a dos años de prisión.
Así lo ha señalado a Europa Press el alcalde de la localidad, Abelardo Vico (PSOE), que ha señalado que la edil, que ha sido condenada al igual que su marido, ha preferido poner su acta a disposición del alcalde tras conocer el fallo, que sin embargo no es firme, «en un ejercicio de asumir su responsabilidad política».
«Ha entendido que es lo mejor para no dañar al PSOE y al equipo de gobierno», ha dicho el primer edil, que no ha querido entrar a valorar si esta condena, relacionada con un asunto particular de la concejal, le afectará a su partido de cara a las elecciones. «Eso siempre es una incógnita», ha considerado.
El PSOE de Granada ha informado de la dimisión de Belmonte en un comunicado, en el que ha aclarado que su procesamiento obedece a un asunto privado «que no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones ni en el Ayuntamiento ni en la agrupación local de Freila». La edil, según el PSOE, ha puesto sus cargos a disposición de la dirección del partido, que ha aceptado su dimisión.
La secretaria de Política Municipal del PSOE, Elvira Ramón, ha señalado que comparte la decisión de la edil de dimitir, «decisión que está tomada desde la sensatez y responsabilidad» ante una sentencia que no es firme, y que, por tanto, es recurrible.
Entiende que la renuncia de la edil a su acta de concejal está tomada «con la única intención de evitar que la resolución judicial, que responde a un pleito entre particulares, interfiera en la institución municipal y en el partido».
La dirigente socialista ha destacado la actitud responsable de la concejal de Freila «frente a lo que sucede en el PP», que mantiene en la dirección provincial del partido al ex diputado y ex concejal de Urbanismo de Ogíjares, José Luis del Ojo, después de que una sentencia lo condenara al considerarlo autor de un delito de prevaricación.
ESCRITO DE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía, que pedía para la edil tres años y cuatro medios de prisión, acusaba a Belmonte y su esposo de vender unos terrenos para que se urbanizara sobre ellos a pesar de que conocían de que se trataba de suelo protegido.
Según señalaba el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el matrimonio firmó un contrato de compraventa el 19 de septiembre de 2004 para vender a una particular por un total de 110.000 euros tres terrenos de unos 3.500 metros cuadrados en el paraje Llanos de Guadix en la localidad de Freila, todos propiedad de la acusada, quien por aquellas fechas ocupaba el cargo de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Freila.
Los procesados, con el fin de lograr la venta de los terrenos por un importe superior a su valor real y con ello obtener un mayor beneficio económico «en perjuicio» de la compradora, le manifestaron que se trataba de suelos en los que se podía construir como si fueran urbanizables.
De hecho utilizaron en el contrato expresiones como «se puede hacer obra y el Ayuntamiento no exige permiso de obras, lo que pase tiempo después no asumo ninguna responsabilidad». Todo, a pesar de que tanto F.M.R. como su mujer, máxime siendo esta última concejal y teniente de alcalde, conocían que las fincas tenían naturaleza rústica y no urbanizable, hecho éste que conoció la compradora cuando intentó iniciar obras que no pudo llevar a cabo.
Los terrenos fueron vendidos por los inculpados por 110.000 euros, si bien hicieron constar en la escritura pública que la venta fue de 12.000, que se corresponde con el valor de una finca rústica. Por ello, el beneficio que obtuvieron es la diferencia entre ambas cantidades.

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