GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)
La investigación que lleva el Juzgado de Instrucción 9 de Granada sobre un posible fraude millonario a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo (INEM), con más de 1.800 personas implicadas en un sistema basado en «empresas fantasma» para cobrar prestaciones sociales, se ha retomado después de un año de paralización por la carencia de medios personales. Así, desde principios de año se ha reanudado la toma de declaraciones de los trabajadores imputados, citando a los que quedaba por oír y volviendo a citar a los que no se presentaron en su día.
Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes del caso, la mayoría de los que se han personado en este mes en la sede judicial se han acogido a su derecho a no declarar, como ya hicieran los que fueron anteriormente citados. Una vez concluyan todas las declaraciones previstas, el juez instructor consultará previsiblemente a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado qué pasos dar a continuación, puesto que habrá de determinarse si acusar a los presuntos cabecillas de la trama o a todos los trabajadores imputados.
La última novedad que arrojó la investigación fue que algunos de los trabajadores de las «empresas fantasma» copiaron el sistema que aprendieron de los cabecillas del entramado y crearon nuevas mercantiles en el sector de la construcción para beneficiarse de las prestaciones sociales. La nueva revelación generó «mucha sorpresa» tanto en la defensa como en las acusaciones, puesto que se estimaba que sólo existieron dos empresarios como «cabezas visibles» de la trama, a los que se les imputa insolvencia punible, falsificación de documentos, estafa y un delito contra la Seguridad Social.
El pasado mes de mayo de 2009 el Juzgado de Instrucción 9 de Granada dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros al responsable de la empresa Arnusa Obras y Reformas, Carlos I.A.N., como acusado de fraude a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo (INEM). El juez consideró, después de que el inculpado hubiera permanecido en la cárcel desde el pasado mes de diciembre, que no había riesgo de fuga, por lo que quedó en la misma situación que otro de los empresarios acusados, Juan C.C., al frente de la empresa Otipac Obras y Reformas, en libertad bajo fianza.
El Abogado del Estado solicitó en su día que se suspendiesen cautelarmente las prestaciones que cobraron indebidamente los trabajadores, detenidos tras la denominada «Operación Genil», que no sólo destapó el fraude de empleados, sino también una posible trama para la obtención con filiaciones ficticias de permisos de residencia por parte de extranjeros.
Las investigaciones se iniciaron después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
INEXISTENCIA DE OBRAS
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras –ya que las empresas pertenecen al sector de la construcción– que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por el empresario C.I.A.N, con el que colaboraba J.R.C.C.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.
Todo, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, para eludir las acciones ejecutivas que pudiera llevar a cabo la Seguridad Social.
Según ha desvelado la investigación, los empresarios solicitaban a sus empleados hasta 500 euros por un contrato falso. Una vez abonado el importe, los daban de alta en sus «sociedades fantasma», la mayoría sin actividad; les cobraban una comisión por mantenerlos de alta, y les exigían la cantidad de los seguros sociales aparte.

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