GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)
El propietario del club de jazz El Secadero, en Alhendín (Granada), ha asegurado que empezó los trámites para disminuir los niveles sonoros del establecimiento cuando tuvo conocimiento de la primera denuncia vecinal por ruidos, en 2003, nueve años después de que abriera.
José Luis Sánchez Rodríguez, que se enfrenta a cinco años de prisión y a la clausura definitiva de uno de los referentes culturales de la provincia, ha explicado ante la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que lo enjuicia desde este martes que El Secadero comenzó su actividad en 1994, fecha desde la que ya comenzó a programar conciertos en vivo de jazz, cantautores o música clásica durante los fines de semana y a servir de local de ensayo a las bandas granadinas el resto de la semana, cuando también se organizaban talleres para mayores y niños.
Para financiar toda esa programación, gratuita para el público, El Secadero ofrece bebidas para el público y además permanece abierto aunque no haya actuaciones en directo, con «música ambiental» que emiten los altavoces. Según ha asegurado Sánchez Rodríguez, que es el presidente de la asociación cultural que gestiona El Secadero, ya en 1997 se insonorizó uno de los laterales del local para evitar molestias a un vecino que se había mudado a una casa muy cercana, y en 2003, cuando tuvo conocimiento de la primera denuncia, inició los trámites para instalar un limitador-controlador en los sistemas del club.
En esa fecha, concretamente en mayo de 2003, llegó al local uno de los vecinos, que es además hijo del ex alcalde José Guerrero –imputado en el «caso Marchelo» de corrupción urbanística–, y comenzó a «insultarle», lo que motivó que el propietario de El Secadero le interpusiera una denuncia por amenazas por la que ha sido condenado. «Ese mismo día llegó la Policía Local pidiéndome la licencia de apertura, cuando hasta entonces jamás había tenido noticia ni notificaciones del Ayuntamiento», ha indicado.
Después comenzaron los controles de los niveles sonoros, y visitaron el local técnicos dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y agentes del Seprona de la Guardia Civil y durante ese tiempo, ante la imposibilidad de que la empresa encargada de la instalación de limitadores le adaptara todo el sistema sonoro, él mismo se «autolimitó» y encargó a un técnico de sonido que disminuyera el nivel de los amplificadores hasta el mínimo suficiente para que funcionaran. Sin embargo, el local permanece cerrado desde 2008 por orden judicial.
El principal denunciante, el hijo del ex alcalde, que ejerce como acusación particular, ha explicado ante el tribunal los problemas que padece él, su mujer y sus dos hijos desde que El Secadero abriera en 1994, sobre todo de insomnio, nerviosismo y «agresividad», lo que le llevó a acudir a un médico que le prescribió tranquilizantes. Según ha relatado, su vivienda se encuentra a unos 40 metros del club de jazz, justo enfrente, al otro lado de la calle, y desde su dormitorio se podía oír la música de las actuaciones en vivo durante los fines de semana, pero también la de los altavoces y los ensayos cuando no había conciertos.
Por ello, presentó, ha dicho, numerosos escritos ante Medio Ambiente y el Ayuntamiento y llamó para quejarse de los ruidos en varias ocasiones a la Guardia Civil y la Policía Local. El testigo ha reconocido que en una ocasión se «alteró» y por ello fue denunciado y condenado por insultos y amenazas. Además, según ha explicado, su batalla contra El Secadero comenzó incluso antes de que se abriera, cuando recogió firmas para evitar su apertura. «Ya sabíamos lo que se nos iba a venir encima», ha incidido el denunciante, que tuvo que habilitar otra habitación para poder conciliar un sueño que ha recuperado después de que se decretara el cierre hace tres años.
Antes de que comenzara la vista oral, que está previsto que continúe miércoles y jueves, el propietario del club ha abogado por la «cultura como arma de paz» y ha recordado algunas de las figuras que han pasado por los escenarios de El Secadero, como Chano Domínguez, Javier Krahe, Javier Ruibal o la Granada Big Band. Ahora, ha dicho, está empleado en superar este «acoso jurídico» con el apoyo, asegura, de muchos vecinos y clientes.
LA ACUSACIÓN DEL FISCAL
Según la acusación provisional del fiscal, tanto los conciertos como los equipos musicales del establecimiento generan un «altísimo nivel de ruidos», que rebasa el máximo permitido por la normativa aplicable y que produce, en consecuencia, «una contaminación acústica constante, que se repite noche tras noche y genera una posibilidad de grave perjuicio para la salud de los vecinos que viven en las proximidades», concretamente en viviendas que se sitúan la urbanización «Los Álamos», algunas a poco más de un metro, otras a unos cinco y el resto en un radio de entre 20 y 50 metros.
A consecuencia de la exposición continuada a los «elevadísimos» ruidos generados por El Secadero, los vecinos, sostiene el Ministerio Público, padecen problemas de insomnio, irritabilidad y afectación en el rendimiento de su trabajo, y se han visto obligados a cambiar sus hábitos de vida o la disposición de los dormitorios en sus casas. Algunos se han visto especialmente afectados, y se han tenido que someter a tratamiento médico, tomar antidepresivos o ansiolíticos al tener diagnosticados síndromes ansioso-depresivos. Por ello, decidieron presentar «numerosos» escritos de queja y denuncia ante las instituciones desde 1994 en adelante.
El 3 de junio de 2008, agentes del Seprona de la Guardia Civil y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, tras comprobar que seguía sin existir en el local ninguna medida de insonorización, hicieron una medición de los niveles de ruido, que alcanzaron los 52,6 decibelios, cuando el límite se sitúa en 43,9. Por ello, el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe acordó el 19 de junio de 2008 la clausura de El Secadero, que permanece desde entonces cerrado.
La Fiscalía atribuye por todo lo anterior un delito contra el derecho fundamental del medio ambiente y la calidad de vida de las personas para el acusado que, además de la pena de cárcel, se enfrenta al pago de una multa de 27.000 euros, e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de cuatro años. Procede además, entiende el Ministerio Público, la clausura definitiva del local y que el procesado indemnice a nueve vecinos, con un total de 47.000 euros, cantidades de la que es responsable directa la compañía aseguradora del establecimiento.

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