El Fiscal mantiene la petición de tres años y medio de cárcel para ella y su esposo por estafa
GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
La concejal en el Ayuntamiento de Freila (Granada) Encarnación Belmonte, enjuiciada este martes junto a su esposo por la supuesta venta irregular de unos terrenos rústicos para que se construyera en ellos, se ha desvinculado de la operación afirmando que fue su marido el que cerró las condiciones de compraventa y que ella se limitó a firmar.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, la procesada ha explicado que ella y su marido han heredado varios terrenos en los últimos años y siempre ha dejado a su esposo la responsabilidad de su gestión porque «confía en él».
De este modo, ha justificado no tener conocimiento de las condiciones en que el acusado, Francisco M.R., cerró en septiembre de 2004 con la denunciante la compraventa de tres terrenos rústicos de unos 3.500 metros cuadrados que eran de su propiedad y que están situados en el paraje Llanos de Guadix de Freila.
Asimismo, ha dicho desconocer que la intención de la comprador, de nacionalidad extranjera, era construir dos viviendas en este suelo no urbanizable. Tampoco ha sabido precisar a preguntas del fiscal las condiciones recogidas en el contrato de compraventa, donde se valora la venta en 110.000 euros y se precisa que en este suelo «se puede hacer obra y el Ayuntamiento no exige permiso».
Respecto a esto último, la edil niega haber dado algún tipo de instrucción aprovechando su cargo para que este suelo pasara a ser urbanizable ya que, entre otros asuntos, ella no firmó este contrato privado sino que lo hizo su marido.
Belmonte sólo ha reconocido haber firmado la escritura pública en la que se hace constar que la venta de los terrenos asciende a 12.000 euros y no a los 110.000 euros que abonó la denunciante, aunque la edil no preguntó por esta diferencia en el momento de la rúbrica y –según dice– no volvió a hablar de este asunto con su marido.
NO DABA CUENTAS
Francisco M.R. ha reconocido por su parte que llevó el peso de la operación y que «no dio cuenta» a su mujer hasta que llegó el momento de ella firmara la escritura pública como propietaria de los terrenos.
Según ha relatado, se puso en contacto con la compradora a través de un intermediario, una persona que trabaja en una inmobiliaria al que la denunciante le manifestó su deseo de comprar unos terrenos para construir una casa para ella y otra para su hermano.
No obstante, ha negado que la engañara diciéndole que se podía construir en estas parcelas y asegura que cuando la mujer le preguntó sobre este asunto le animó a asesorarse en el Consistorio. Por el contrario, sí ha reconocido que en el documento de compraventa incluyó la expresión: «se puede hacer obra y el Ayuntamiento no pide permiso», lo que ha justificado diciendo que en ese momento la situación urbanística en el pueblo era así.
El hombre ha corroborado la versión de su mujer respecto a que «no intervino en la operación» de compraventa y desconocía los pormenores de la misma, incluidas las condiciones de cobro, ya que el dinero se lo dieron a él.PETICIÓN FISCAL
Por su parte, la denunciante ha declarado en calidad de testigo y ha manifestado que desconocía la situación urbanística de estos terrenos rústicos, extremo sobre el que tampoco buscó asesoramiento porque «confiaba» en los vendedores, a los que «explicó claramente» su intención de construir allí dos casas.
«Él me dice que no hay problema porque es constructor y su mujer trabaja en el Ayuntamiento», ha declarado la denunciante, que tras conocer que no podía construir en esta zona rústica pidió sin éxito que le devolvieran el dinero.
El Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y mantiene la petición de tres años y medio de cárcel para la edil y su esposo por un delito de estafa por el que también solicita una multa de 4.860 euros.
La acusación particular, ejercida por la compradora de los terrenos, se ha adherido a la petición fiscal aunque solicita también que se le devuelva a su cliente los 110.000 euros que invirtió en esta operación, mientras que las defensas piden la libre absolución de los acusados.

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