GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
Juan Enrique Tena, el enfermero madrileño que fue encarcelado por error mientras hacía turismo en Granada durante la Semana Santa del pasado año, llevará su caso ante los tribunales después de que el Ministerio de Interior no le haya contestado oficialmente a su reclamación para ser indemnizado, ya que ha pasado el plazo de seis meses con el que contaba para hacerlo, considerándose desestimada su petición por “silencio administrativo”.
El pasado lunes el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, admitió ante la Comisión de Interior del Senado que su encarcelamiento se debió a un error policial “lamentable e inadmisible” y que por él sería indemnizado, aunque no especificó con qué cantidad.
Sin embargo, Tena no ha recibido notificación alguna al respecto y ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio del Interior, supuestamente responsable de su detención errónea, que mantuvo al enfermero durante cinco días en la prisión de Albolote (Granada) tras ser confundido con un delincuente, según informó a Europa Press su abogada, María José López.
“Me parece bien que en el Senado se conteste, pero habernos contestado a nosotros no estaría de más, teniendo en cuenta que han transcurrido ya los plazos. Se tenía que haber contestado antes del 27 de marzo”, señaló la letrada, que indicó que su representado está dispuesto a seguir “adelante” para reclamar por los daños morales ocasionados, valorados en unos 50.000 euros.
El objetivo de la representación legal de Tena no es sólo resarcir económicamente el perjuicio ocasionado, sino lograr que el sistema no vuelva a permitir que se repitan acontecimientos como los padecidos por el enfermero. Para López, las responsabilidades que se exigen al departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba no son por un “error” cometido sino porque el sistema “está errado” y que llega “a su extremo más alarmante” cuando se nutre de identidades de personas que no tienen causas pendientes penales ni judiciales, como ocurrió en el caso de Tena, cuyo nombre fue introducido a raíz de un accidente de tráfico que tuvo en fecha de 1 de julio de 2007.
Asimismo, según considera la abogada, en este caso queda demostrado una relación inequívoca de causa a efecto “entre el anormal funcionamiento del servicio y el perjuicio causado”. Para la parte reclamante, y según constató el Juzgado de instrucción 3 de Granada, el sistema de requisitorias “es una auténtica calamidad”, “sin ningún tipo de control de errores, verificación o sistema que evite que, por error, que cualquier ciudadano pueda ser confundido con peligrosos delincuentes”.
SE VIERON AFECTADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES
Como consecuencia de ese “anormal” funcionamiento de, en este caso, competencia del Ministerio del Interior, como administración pública a la que se reclama, se han visto afectados, para la letrada, una serie de derechos fundamentales, como el derecho al honor, privación de libertad, uso indebido de datos personales con graves consecuencias y gravísimo daño a la propia imagen, así como un grave daño moral al entorno de la persona afectada.
El enfermero tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico y sufrió las consecuencias de un estado “claro” de ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación, y temor, teniendo en cuenta que se trata de una persona sin ningún tipo de antecedente judicial, ni incidente con la Policía. “Todo esto le ha hecho que tenga una grave consecuencia. Que conllevó la baja laboral durante más de dos meses”, se incide.
El Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que investigaba el caso, archivó las diligencias abiertas, al entender que no existieron en los hechos indicios de la comisión de un delito tipificado en el Código Penal, si bien dejó la puerta abierta a una reclamación por vía administrativa. También la Fiscalía Superior de Andalucía investigó si los dos fiscales que llevaron el caso incurrieron en algún tipo de negligencia, determinando que no hubo error alguno en su modo de proceder.
Juan Enrique Tena fue detenido en Jueves Santo, el pasado 9 de abril de 2009, por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en un hotel de la capital granadina al ser confundido con un delincuente que estaba en busca y captura, con el que sólo coincidía en el primer apellido. Aunque él insistió en su inocencia, los agentes lo condujeron a la cárcel, puesto que sus datos personales se correspondían con los que constaban en la requisitoria, enviada por la Audiencia Nacional.
Un cúmulo de coincidencias derivó en que permaneciera en prisión, puesto que el juzgado se pone en contacto habitualmente, aunque no sea su obligación, con el órgano judicial que ha emitido la orden para comprobar por teléfono los datos de la persona que debe ingresar en el centro penitenciario. Sin embargo, este trámite no se llevó a cabo aquel día porque era festivo –Jueves Santo– y no había nadie en la Audiencia Nacional para la verificación, que tuvo que retrasarse hasta el lunes, día en que quedó en libertad.
El Ayuntamiento de Granada, por otra parte, decidió resarcir al turista y lo agasajó invitándolo de nuevo a la capital para las fiestas del Corpus, en las que fue nombrado “embajador” de la ciudad, pudo disfrutar de noches gratis en el Hotel Alhambra Palace, fue invitado a comer e incluso a visitar las termas árabes.

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