García Calderón considera necesaria una «coordinación» para evitar y controlar este tipo de actuaciones
GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias informativas por la pintada «de enorme tamaño» que realizó un joven de nacionalidad francesa el pasado 19 de noviembre en el convento Santa Isabel la Real, fundado en 1501 por Isabel la Católica y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), actuación en la que el Ministerio Público ve indicios de, cuando menos, un posible delito de daños al patrimonio histórico español, castigado con penas de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses.
El joven, que pintó el grafiti sobre las 17,00 horas, fue sorprendido por agentes de la Policía Local, que, tras identificarlo, lo denunciaron por incumplir la ordenanza de la convivencia. Posteriormente, y tal y como señala la Fiscalía en el decreto de incoación, al que tuvo acceso Europa Press, los policías pidieron que el sancionado les acompañara hasta dependencias de la Policía Nacional, sin que hubiera actuación policial alguna hasta que el día 20 de noviembre los hechos fueron trasladados al Juzgado de Guardia, «sin que se formulara denuncia expresa por delito alguno» aunque «aludiéndose de forma muy genérica a la posible existencia de algunos daños en el inmueble».
Tras el reparto, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada incoó las diligencias que se tramitan en la actualidad y se ha ordenado la realización de aquellas gestiones policiales que sean necesarias para lograr la «adecuada» averiguación de los hechos, la localización de los responsables y la exigencia de la responsabilidad penal que proceda.
El fiscal superior, Jesús García Calderón, considera que el grafiti realizado, por su «enorme tamaño, «puede superar la idea de un simple deslucimiento» que afecta al edificio histórico, ubicado además en el barrio granadino del Albaicín, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
«Aunque el muro en el que se ha realizado el grafiti sea de construcción más reciente, podría ampararse dentro del entorno de protección que fija la ley y ello no sólo por la regulación administrativa, sino porque constituye un extraordinario y gravísimo ejemplo de contaminación visual de un entorno urbano que, afortunadamente, ha podido preservarse con el paso del tiempo y que ha merecido por su singularidad y armonía estética la mayor catalogación que pueda otorgarse por los organismos internacionales para la protección de los bienes culturales», señala.
Asimismo, teniendo en cuenta la preservación necesaria de los monumentos como el convento mencionado, la Fiscalía Superior considera además «oportuno» impartir instrucciones a la Policía Judicial sobre las infracciones relacionadas con el patrimonio histórico y que son «plenamente incompatibles» con una comunidad autónoma que tiene en éste «su principal activo» y que es visitada cada año por millones de turistas y estudiosos «que convierten esta riqueza, muy probablemente y junto a su riqueza natural, en su principal fuente de ingresos», conforme a lo que ha venido llamándose «economía de la cultura».
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN «IMPRESCINDIBLES»
La amplitud de este fenómeno de causación de daños por grafitis sobre inmuebles y bienes de dominio público ha provocado algunas reacciones institucionales a través del Ayuntamiento de Granada y de la Policía Local o de la propia Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, recuerda la Fiscalía Superior, que, desde este punto de vista, no pretende con la incoación de las presentes diligencias informativas «llevar a cabo investigación alguna o sustituir aquellas acertadas iniciativas», sino llevar a cabo las actuaciones de coordinación necesarias «por entenderlas imprescindibles y limitándolas».
Por estos motivos, García Calderón acuerda además poner en conocimiento de las Jefaturas de Fiscalía este decreto para que en aquellas provincias en las que hayan sido detectadas situaciones como la descrita «puedan ser conocidas» por la Fiscalía Superior e impartirse, siempre bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado a través de la coordinación en materia de Patrimonio Histórico», las instrucciones pertinentes.
Tratándose de una materia sometida al principio de especialización funcional del Ministerio Fiscal, también da traslado del decreto al fiscal de Sala coordinador en materia de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de la Fiscalía General del Estado para que, conforme a sus atribuciones, tenga conocimiento de la iniciativa, y pueda llevar a cabo las instrucciones que estime pertinentes, comunicando el resultado de las presentes diligencias informativas.
El fiscal entiende igualmente que deben remitirse las diligencias a la fiscal jefe provincial de Granada y a la fiscal delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico para que, con la colaboración de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, convoque a representantes de la Policía Local del Ayuntamiento de Granada, de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de la Fiscalía Superior y de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil para que, conocida la relación de Bienes de Interés Cultural existente en la provincia granadina, «establecer criterios uniformes de actuación para la denuncia, persecución y constancia estadística de aquellos daños, incluidos los grafitos, que puedan producirse sobre monumentos o edificaciones que hayan sido declarados Bien de Interés Cultural».
También ordena enviarlas al fiscal de Menores, teniendo en cuenta la incidencia de esta clase de actuaciones en el ámbito de su competencia, reclama a todas las Fiscalías Provinciales del territorio copia de los escritos de acusación que hayan sido presentados a consecuencia de los grafitos realizados sobre cualquier clase de inmuebles o vehículos; así como los autos de sobreseimientos dictados en el curso de diligencias previas incoadas por hechos de esta naturaleza, así como las sentencias que, en su caso, hayan sido dictadas.

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