GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
Los secciones sindicales Fecoma-CCOO y MCA-UGT de Granada celebraron hoy que la Fiscalía coincida en la causas que provocaron el accidente que se produjo el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto de Río Verde de la A-7, en Almuñécar (Granada), y que costó la vida a seis trabajadores, de modo que se solicitaron penas de hasta cuatro años de cárcel para cada uno de los once imputados por dicho accidente.
El secretario general de Fecoma-CCOO en Granada, Francisco Quirós, mostró, en declaraciones a Europa Press, su «satisfacción» por dicha solicitud y precisó que «el único matiz es que se haya dejado fuera a uno de los imputados». Asimismo, quiso dejar claro que se valorará la resolución una vez que el sindicato tenga el escrito fiscal.
Por su parte, el secretario general de MCA-UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, tras aclarar que el sindicato ya presentó su propio escrito de acusación sobre cada uno de los once imputados por dicho accidente, y aclaró que coincide con la Fiscalía en la causas del «trágico» siniestro, aunque «es cierto que UGT ha solicitado penas más graves para los imputados».
En este sentido, Ruiz-Ruano, quien criticó en un comunicado la tardanza en la fase de instrucción, afirmó que UGT ya sostuvo en su escrito de acusación, al igual que ahora hace la Fiscalía, que «no se realizaron las operaciones de mantenimiento obligadas, ni que se revisó la autocimbra de la estructura». Por eso, el representante sindical valoró el escrito de la Fiscalía, y espera que de la actuación conjunta de ambas acusaciones «resulten las máximas penas contempladas en el Código Penal para esos delitos».
Igualmente, dijo que confía en que, tras hacerse público el escrito de acusación de la Fiscalía, «se acelere de una vez por todas la resolución de este proceso judicial, y que se determine por fin la causa real del siniestro y quede demostrado que el origen del mismo no se debió a una causa concreta sino a un cúmulo de irregularidades y faltas de medidas de seguridad, que originó uno de los sucesos laborales más trágico de los últimos años».
Además, afirmó que espera que el resultado de la investigación sea «un referente ejemplar» para «exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las obras y se proteja la vida de los trabajadores».
En este sentido, diez de los once acusados, entre los que se encuentra el ingeniero director del proyecto de ejecución del tramo Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión se enfrentan a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí