GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Granada ha mantenido hoy su petición de dos años de suspensión de empleo o cargo público y multa de 27.000 euros para el alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides (CA), por la posible comisión de un delito de malversación de caudales por querellarse a «título particular» contra el ex primer edil, el «popular» Juan Luis González Montoro, con fondos públicos.
El caso se remonta al mes de octubre de 2004, cuando Benavides, que ya ostentaba la Alcaldía, denunció al anterior regidor, González Montoro, por haber inaugurado una plaza y repartido una revista informativa en periodo preelectoral, eventos que habían sido prohibidos por la Junta Electoral de Zona.
Según considera el Ministerio Público, el actual alcalde interpuso la querella no en su condición de representante municipal, sino en su propio nombre, porque de hecho así lo entendió un juzgado de Almuñécar, que le exigió 9.000 euros para ejercer la acción penal en concepto de fianza, cantidad que el imputado abonó con fondos del Ayuntamiento.
En su exposición de hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde Benavides está siendo enjuiciado por un jurado popular, el fiscal sostuvo que se incurrió en numerosas irregularidades administrativas graves en el proceso que culminó en la interposición de la querella, y que el pago de 9.000 euros, acordado por la Junta de Gobierno Local, no tenía una finalidad pública, «porque no era necesario abonarlos». «Si se pagaron es porque las cosas se hicieron mal», señaló.
El representante del Ministerio Público se preguntó por qué no se personó el Ayuntamiento en el procedimiento si Benavides sólo pretendía recuperar para las arcas municipales los 38.000 euros que se adeudaban por los actos organizados por el anterior alcalde y consideró que el pago de 9.000 euros no respondió a una mera equivocación, sino que se debió al «empeño personal» del acusado, que cometió «múltiples incumplimientos» de las normas. «La ley obliga a todos los ciudadanos, incluido el alcalde de Almuñécar», concluyó.
La defensa, que se empleó más de una hora en rebatir la acusación de la Fiscalía, incidió por su parte en que es «increíble» que se pueda considerar que Benavides interpuso la querella a título particular, porque es «imposible deducirlo» del propio texto del documento, en el que se señala que se presenta «en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo».
PARA LA DEFENSA, EL FISCAL HA COMETIDO UN «ERROR»
En ese sentido, consideró que el fiscal ha cometido un «error» al interpretar como delito los hechos acontecidos, en los que, «si se cometió alguna infracción administrativa o error por parte de un letrado o procurador», no hay responsabilidad penal alguna de Juan Carlos Benavides. «No es justo aplicar tan severa condena cuando hay un error de un profesional. Lo que el fiscal ve esperpéntico o rarísimo es lo normal en una administración», mantuvo el abogado dirigiéndose al jurado.
Para el letrado, es «imposible» que Benavides actuase como un particular porque «qué interés iba a tener él en recuperar 38.000 euros que iban a ir a parar a las arcas municipales». «A Juan Carlos Benavides no se le puede exigir responsabilidad penal por intentar defender los intereses de su pueblo», mantuvo su defensa, para quien los 9.000 euros aportados tenían esa finalidad pública.
Tras un extenso repaso a multitud de resoluciones judiciales de procesos con similares circunstancias al enjuiciado, el abogado aportó además una «incontestable» que rebatiría «por completo» la tesis mantenida por el Ministerio Público: un auto de la Audiencia Provincial de 25 de mayo de 2007 estimando el recurso de apelación presentado contra la decisión del Juzgado de Almuñécar de exigir fianza por la presentación de la querella a Benavides, en el que los magistrados entendieron que en este caso «Benavides no estaba actuando a título particular, sino como alcalde».
Asimismo, hizo una última reflexión en la que expresó que «lamentablemente hoy día asistimos a una inversión de la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad». «Eso no es legal. Está muy bien para un periódico o una radio, pero la justicia está completamente al margen y en contra de esa presunción de culpabilidad. No se puede culpabilizar y machacar a nadie de antemano», manifestó.
Una vez expuestos los informes, el presidente del tribunal del jurado ha suspendido la sesión de hoy para aportar con posterioridad el objeto del veredicto al jurado, que deberá emitir una resolución de culpabilidad o no culpabilidad sobre el acusado, algo que se prevé en las próximas horas.

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