GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, se sentará hoy en el banquillo del Juzgado de lo Penal 1 de Granada acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de prevaricación medioambiental por los vertidos «incontrolados» de aguas residuales que se produjeron entre 2001 y 2007 en la urbanización Llanos de Silva del municipio provocados por el «abandono» de las instalaciones de depuración.
Sánchez se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel, once de inhabilitación y multa de 18.000 euros, pero no es el único imputado en la causa, puesto que el Ministerio Público también acusa de los mismos delitos al que fuera edil de Urbanismo, Luis Esteban Marcos –que ya ha fallecido–, y atribuye el primero al representante de la empresa constructora del plan parcial, R.P.B., al presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización, J.J.B.A., y al consejero delegado de la empresa «Educación y Formación Europea S.A.», F.J.J.O., para los que solicita la pena de tres años de prisión, tres de inhabilitación y multa de 18.000 euros.
Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, al menos desde el año 2001 y hasta 2007, se produjeron «de forma constante e ininterrumpida vertidos de agua residual incontrolados» debido al «abandono» de las instalaciones de depuración de la urbanización Llanos de Silva, situación que generó «una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales y la salud de las personas».
La falta de mantenimiento de la depuradora, el impago de los costes del suministro de energía eléctrica, así como la decisión del alcalde en 2000 de conectar a la depuradora el saneamiento de aguas residuales de un centro educativo del entorno, llevó a que la depuradora dejara de funcionar. Fue entonces cuando la Asociación de Vecinos presentó repetidos escritos de queja en el Ayuntamiento de Atarfe, «siendo éstos desatendidos por la administración, única competente legalmente en la materia».
Además, el alcalde, sostiene la Fiscalía, hizo «dejación absoluta de sus deberes legales, con la connivencia y colaboración de su concejal de Urbanismo y Obras», al negarse a hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones de depuración.
Evitó la recepción de las obras, aunque de forma paralela fue concediendo a los vecinos de la urbanización Llanos de Silva las correspondientes licencias de ocupación «a sabiendas de que esto generaría aguas residuales que no iban a ser depuradas por falta de mantenimiento».
LA CONEXIÓN A UN COLEGIO «MULTIPLICÓ» LAS AGUAS RESIDUALES
El primer edil «no sólo permitió que se fueran ocupando las viviendas y generando las aguas residuales que fueran depuradas –vertiéndose éstas sobre el terreno–, sino que además tomó la decisión de conectar la salida de aguas residuales del Colegio Granada College a las instalaciones de la urbanización en el año 2000, lo que multiplicó las aguas residuales que tenían como destino final la depuración en Llanos de Silva», agrega el Ministerio Público.
A raíz de la decisión municipal de conectar el colegio a las instalaciones de depuración «abandonadas», se agravó «extraordinariamente» la situación medioambiental, puesto que la depuradora sólo tenía capacidad para depurar las aguas de una población máxima de 500 personas, por lo que, teniendo en cuenta que los vecinos empadronados en la urbanización eran 67 en 2004 y el centro generaba residuales correspondientes a unas 1.000 personas, quedó «desbordada» la capacidad del digestor.
Ante el agravamiento de la situación y la constatación de que las aguas residuales se estaban vertiendo sobre el terreno y que alcanzaban el pantano de Cubillas sin ser depuradas, se procedió en 2003 y 2004 a labores de reparación de la depuradora, si bien después no se llevó a cabo del mantenimiento de la instalación, por lo que los vertidos siguieron produciéndose.
El Ministerio Público señala que los vertidos «ilícitos e incontrolados» derivados del incumplimiento «consciente» de las obligaciones del Ayuntamiento de Atarfe han producido daños y perjuicio efectivos al dominio público hidráulico, afectando a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
Asimismo, a consecuencia de estos hechos se han puesto igualmente en «grave peligro» la flora, la fauna, y los acuíferos de la zona, «por la posibilidad de contaminación microbiológica». En cuanto al peligro para los seres humanos, la Fiscalía apunta que el vertido en el pantano y la contaminación de los acuíferos dio lugar a «otra vía de exposición», al ser el agua contaminada no apta para la bebida o el riego.

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