GRANADA, 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Provincial de Granada ha denunciado al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), por la posible comisión de un delito contra las instituciones del Estado al no colaborar con la Oficina Defensor del Pueblo Andaluz y obstruir su labor, confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
Su titular, José Chamizo, llevó esta posible obstrucción el pasado mes de junio a la Fiscalía Superior de Andalucía por su «actitud entorpecedora persistente» de las tareas de la institución basada en la falta de colaboración y desatención a la información solicitada por la misma en relación por más de una decena de quejas de ciudadanos.
En el escrito de denuncia, que ha sido trasladado al Decanato para que un juzgado de instrucción de Almuñécar asuma la investigación, la Fiscalía considera evidente que la postura del regidor sexitano, que no contestó a las reclamaciones salvo cuando el tema ya estaba en manos de instancias judiciales y había trascendido en los medios de comunicación, encaja con un delito de desobediencia del artículo 502 del Código Penal, que contempla penas de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, según adelanta hoy el diario «La Opinión de Granada».
El Defensor del Pueblo Andaluz acudió a la justicia por primera vez en junio por «obstrucción» de su labor por parte de un representante de la Administración, una situación que obligaba a la institución a dar cuenta de ello ante el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal.
Tal y como explicaron entonces desde la Oficina, ésta acumuló hasta cinco expedientes de quejas ciudadanas sin resolver por la falta de colaboración del Ayuntamiento a la hora de facilitar los informes y datos requeridos, a las que se sumaron seis expedientes más desde el año 2007, ninguno de ellos «atendidos», lo que produjo una situación de «acumulación de no colaboración» que constituye un supuesto de «especial gravedad».
Todos estos expedientes –la mayoría relacionados con el urbanismo– siguieron su correspondiente tramitación, con la petición de informes iniciales, reiteración de solicitud de colaboración en numerosas ocasiones, contactos frecuentes y declaración de actitud entorpecedora por parte del Defensor. A pesar de ello, cinco expedientes «terminaron desatendidos», que se agravó con la suma de los últimos seis abiertos, «los cuales, uno detrás de otro, han sido completamente ignorados».
No obstante, la Oficina envió un «enésimo» escrito a Benavides — que no obtuvo respuesta–, trasladándole la situación y advirtiéndole de que si en un plazo estipulado no recibía la colaboración «legalmente debida por el Consistorio con el envío de la información requerida en los expedientes de queja» daría conocimiento de ello al Parlamento y al Ministerio Fiscal.
Para el Defensor, al hecho de «dejar gravemente desatendido el derecho de los ciudadanos a formular quejas referidas al ayuntamiento de Almuñécar» se une en este caso el problema «de fondo» que representa que «un mecanismo de control de la actuación administrativa establecida en el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española está paralizado porque el deber legal del alcalde de colaborar con el Defensor no se realiza».

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