GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)
La excavación de las fosas situadas en el paraje de Fuente Grande, en Alfacar (Granada), donde se cree que descansan los restos del poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo, y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, comenzará finalmente hoy por la tarde, después de que se dé por concluida la instalación de la carpa metálica que garantizará la privacidad de los trabajos y que protegerá el lugar de las inclemencias meteorológicas.
Las tareas comenzarán en primer lugar en un perímetro de 200 metros cuadrados, donde se ubican, según las investigaciones del Instituto Andaluz de Geofísica, que peinó el terreno con georradar, cuatro posibles enterramientos clandestinos. Se localizaron dos enclaves más, a los que con posterioridad se trasladará la estructura metálica, que contará con una puerta cerrada con llave y que se terminará de reforzar hoy por la mañana, cuando está prevista una visita de los periodistas a la zona, informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Justicia.
Así comenzará una fase que ha tenido un largo recorrido y que se inició cuando la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) anunció en febrero de 2008 que solicitaría la exhumación de Galadí y Galindo a petición de sus familiares, poco después de que entrara en vigor la Ley de la Memoria Histórica y de que se presentara en Granada el mapa de fosas andaluz.
El nombre propio que dio luz verde a la investigación de los crímenes del franquismo y la exhumación de los restos de los fusilados durante la Guerra Civil fue el del juez Baltasar Garzón, ante el que el hispanista Ian Gibson y la AGRMH, acompañados por familiares de Galadí y Nieves García Catalán, acogida en la familia Galindo desde muy pequeña, se dirigieron en septiembre del año pasado para pedir la exhumación de la fosa que en su día fue señalada por el enterrador Manuel Castilla al historiador irlandés.
GIBSON, DEFENSOR DE LA APERTURA
Gibson ha abanderado desde siempre la excavación del enterramiento en el que se cree enterrado el poeta e incluso ha amenazado con entregar la Medalla de Andalucía que le concedió el Gobierno andaluz en 1998 si no se aclarase que en el lugar que él apuntó como posible tras sus indagaciones contiene los restos del autor de «Yerma».
De hecho, el 12 de septiembre del pasado año defendió frente a la Audiencia Nacional su derecho a saber si Lorca yace o no en Alfacar, concretamente en el parque que lleva su nombre, y censuró entonces que estuviera «tirado en una cuneta, como un perro». La familia del poeta, sin embargo, siempre ha mostrado su oposición a que se removieran los terrenos de Fuente Grande y, poco después de conocerse la decisión de Garzón, su sobrina, Laura García-Lorca, expresó su temor por que la apertura de la fosa se convirtiera en un «espectáculo mediático».
No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que sustituyó temporalmente a Garzón, autorizó a los herederos de García Lorca a presenciar la exhumación y les garantizó mediante una providencia que las labores se llevarían a cabo respetando la «privacidad» y la «dignidad» de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la misma institución judicial que había autorizado las exhumaciones decidió paralizarlas, por diez votos contra cinco del Pleno de la Sala de lo Penal, el 7 de noviembre, tras lo que Garzón tuvo que inhibirse a favor de los juzgados territoriales.
DE LA AUDIENCIA NACIONAL A GRANADA Y DE GRANADA AL SUPREMO
La causa se trasladó entonces al Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que finalmente rechazó aceptar esa inhibición al no verse competente en el caso por tratarse de «crímenes de lesa humanidad», a pesar del recurso que presentó la Fiscalía de Granada, que fue desestimado por la Audiencia Provincial. Garzón volvió a recibir la documentación y dejó al Tribunal Supremo decidir sobre la competencia.
Sin embargo, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica resolvió entonces acudir a la vía administrativa, para obtener los permisos necesarios de la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía. La Administración Autonómica cogió la batuta y optó por elaborar un protocolo para la exhumación, que suscribirían la institutción provincial, el Ayuntamiento de Alfacar, la AGRMH, la Universidad de Granada y la propia Consejería de Justicia el pasado 16 de octubre. Antes quiso conocer la posición de las familias y les dio un plazo para presentar sus alegaciones.
La familia Lorca dio a conocer su reiterado rechazo, si bien abrió la puerta a identificar al poeta, y la del maestro republicano, concretamente su nieta, Nieves Galindo, se sumó a esa misma posición, una negativa pero con la posibilidad de incorporarse al proceso.
Desde el lunes 19 de octubre en Fuente Grande comenzó la instalación de una carpa articulada de 10×20 metros cuadrados, en la que a partir de mañana por la tarde empezará a trabajar un grupo de arqueólogos. Todos los restos que sean hallados serán individualizados y, tras las tareas de identificación antropológica, a aquellos que hayan sido reclamados se les practicará otras pruebas científicas, como el análisis de su ADN.
SE SITÚA ADEMÁS EN LA ZONA A UN RESTAURADOR Y A UN INSPECTOR DE TRIBUTOS
En principio, no se exhumarán los restos del poeta y tampoco los del maestro de Pulianas Dióscoro Galindo. Sí se analizarán los de Galadí y Arcollas –este último a petición de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y de la CGT– y del inspector de tributos Fermín Roldán y el restaurador Miguel Cobo –que sus familias han situado en la misma zona–.
La Junta ha decidido no atender la petición de Nieves García Catalán, en tanto que no se resuelva el conflicto de intereses que mantiene con la familia. No obstante, los familiares del maestro ya han informado de que están dispuestos a identificar a su ascendiente, aunque esperarán a cómo se desarrolle la excavación.
Todos los integrantes de los equipos que intervendrán en la excavación y en la exhumación han firmado un compromiso de confidencialidad, medida a la que se une, además de la carpa, la prohibición del uso de móviles u otros aparatos de grabación acústica o gráfica en la zona.

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