GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Fe (Granada) ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra los 15 imputados de la supuesta trama de corrupción urbanística investigada en el municipio de Alhendín (Granada) bajo el nombre de caso «Marchelo», en el que se acusa al ex alcalde «popular» de la localidad, a tres ediles y a diez empresarios de varios delitos urbanísticos y cohecho.
Así, el juez ha dado traslado a las partes para que formulen en el plazo de diez días su escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, que empezó a investigarse hace tres años y que se centra en cinco proyectos: El Parque Empresarial Alhendín, la promoción de viviendas Novosur, la vulneración de la servidumbre aérea de la Base de Armilla, la Gasolinera de Estaciones de Servicio Penibéticas S.L. y el parque municipal-mercadillo del municipio.
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press y que adelanta hoy la prensa local, se imputa al ex alcalde del municipio, José Guerrero (PP) y a los ediles «populares» Manuel Fernández –que en el momento de los hechos era concejal de Urbanismo–, Salvador Nogueras y María José Garrido, así como al arquitecto municipal.
De otra parte, también están imputados los empresarios Fernando Rafael R.A. –promotor de la urbanización Novosur– Juan Leocadio y Fernando M.T; Alejandro A.R.; Fernando M.N.; Luis, Rafael Francisco y Mariano A.P.; Manuel M. R. y Rafael T.P.
URBANIZACIÓN NOVOSUR
El juez cree que «existen indicios racionales suficientes» para poder afirmar que el ex edil de Urbanismo pudo haber recibido «en su propio provecho» una dádiva del promotor de la urbanización Novosur, Fernando Rafael R.A., consistente en una vivienda en Armilla (Granada) valorada en 340.000 euros y que era propiedad de una sociedad que administraba el promotor. Éste fue el domicilio en el que se detuvo al ex edil de urbanismo en marzo de 2007.
El magistrado hace hincapié en la inexistencia de contrato de arrendamiento entre el edil y el promotor, aludiendo a las conversaciones telefónicas e «incriminatorias» que ambos mantuvieron en torno a este asunto.
Así, ve indicios de delito tanto en la entrega del piso como en la «modificación del planeamiento urbanístico –del municipio– en forma tal que el promotor pudiera construir el residencial Novosur edificios de seis plantas más ático», después de que en la propuesta del convenio que aprobó la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2003 se habían estipulado cuatro plantas más ático.
También encuentra una «pasividad dolosa» en el ex concejal de Urbanismo por no haber paralizado las obras de desvío y encauzamiento del barranco de la Calera, que no estaban autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En opinión del juez, su intención era «favorecer» al promotor inmobiliario, con lo que «pudo hacer dejación manifiesta y maliciosa de las funciones de inspección y disciplina urbanística» que le correspondían como concejal de Urbanismo.
El instructor considera, entre otros asuntos, que existen indicios fundados para entender que, desde septiembre de 2003, al tiempo de la constitución de la sociedad mercantil Parque Empresarial Alhendín S.L., existió el compromiso de los socios fundadores de la sociedad y del concejal de Urbanismo de que éste recibiera en el futuro una participación en la sociedad del 1,5 por ciento «a modo de comisión por su intermediación en la operación».
Los imputados por este asunto son, además del ex edil, los empresarios Fernando M.N., Juan Leocadio M.T., Luis A.P. y Manuel M.R., que supuestamente ofrecieron al concejal de Urbanismo cuatro parcelas que sumaban 28.000 metros cuadrados tasadas en 1,17 millones de euros
SERVIDUMBRES AÉREAS
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe considera que la altura excesiva de los edificios, que vulneraba las servidumbres áreas de la Base Aérea de Armilla, «carecen de trascendencia penal».
No obstante, en virtud de una sentencia de la Audiencia Provincial en la que no se descarta la relevancia penal de estos hechos, decide que el procedimiento abreviado continué con este asuntos a fin de determinar la trascendencia de los hechos.
El juez también pone en duda la legalidad del procedimiento para sacar a concurso y adjudicar la construcción de un parque municipal-mercadillo, que recayó sobre la empresa Tarje S.A.
Así, considera que se pudo «quebrantar» el principio de libre concurrencia y el de igualdad que debe presidir este tipo de procesos y señala que el edil de Urbanismo redujo el presupuesto de la obra para «hacerlo menos apetecible y desincentivar» a otras empresas.

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