GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Provincial ha denunciado a seis técnicos del Ayuntamiento de Granada, encargados de las mediciones de ruido emitidos por un café-pub de la capital, por su «pasividad» en los controles, que han provocado que una familia que vive en el mismo edificio lleve desde 2001 soportando unos niveles por encima de lo permitido sin que hasta ahora se hayan adoptado las medidas cautelares o sancionadoras pertinentes.
El Ministerio Público, que denuncia además a los responsables del local, de nombre «Capitán Morgan», considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de contra el medio ambiente, otro de falsificación de documento oficial y un tercero de lesiones, según consta en las diligencias incoadas, a las que tuvo acceso Europa Press.
Por los continuos ruidos «molestos y nocivos» soportados por esta familia, el Ayuntamiento fue condenado el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada a pagarle una indemnización de 455.708 euros, por los daños morales ocasionados. En el fallo, se hizo entonces constar
Por estos hechos, el Ayuntamiento fue condenado recientemente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada a indemnizar con 455.708 euros a la familia, en una sentencia en la que se hizo constar que el pub inició su actividad sin licencia y así estuvo durante cuatro años ante la «pasividad» del Consistorio. A pesar de la reiteradas denuncias de la familia, recogió entonces el juez, no se adoptó medida alguna, «dando lugar a determinados procedimientos pero del todo ineficaces, por la falta de coherencia y sistemática final entre ellos».
La causa iniciada ahora por el fiscal se ha abierto a raíz de la denuncia presentada por los afectados, que desde 2001 se han visto obligados a presentar numerosos escritos ante el Ayuntamiento contra el pub, situado en los bajos del edificio en el que habitan. Estas denuncias dieron lugar, según sostiene la familia, a numerosos expedientes administrativos, que se resolvieron con imposición de sanciones que sin embargo no se han hecho efectivas al no haber exigido el Consistorio el cobro de las mismas.
Ante la «inactividad» del Ayuntamiento, los denunciantes se han tenido que dirigir a la Delegación Provincial de Medio Ambiente, que tuvo que hacer inspecciones subsidiarias en las que constató que en la vivienda en cuestión se superaba el límite máximo de decibelios permitido.
La Fiscalía considera en tal sentido que la conducta de los titulares del establecimiento ha sido posible por la «pasividad» del Ayuntamiento, hasta tal punto que ha sido necesaria en varias ocasiones la intervención subsidiaria de la Consejería de Medio Ambiente y, en cualquier caso, «su actuación evidentemente ha sido absolutamente ineficaz».
Así, pide que se tome declaración como imputados a los funcionarios y a los propietarios del pub, y que, como medida cautelar, se precinte el equipo de música del pub, con la finalidad de «proteger a las víctimas del delito».

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