GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal 1 de Granada sienta mañana en el banquillo de los acusados, a las 9,30 horas, a dos ex alcaldes de Monachil (Granada), Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), por la posible comisión de un delito de prevaricación por su participación en la permuta de un solar con uso de equipamiento socio-cultural en Sierra Nevada a una promotora que construyó en la finca un edificio con 82 apartamentos para su venta a particulares.
Lara se enfrenta a una petición fiscal de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y Trinidad, procesado por prevaricación urbanística, a esa misma pena, dos años más de cárcel y multa de 57.600 euros. El Ministerio Público también acusa al que fuera concejal de Urbanismo en la localidad, Benjamín Rodríguez, y al arquitecto municipal, para los que solicita 20 años de inhabilitación, dos más de prisión y la misma multa que a Trinidad.
Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan al 9 de abril de 1992, cuando se aprobó el plan especial «Maribel» del Polígono PS8B, por el que se procedió a la completa urbanización de esa unidad de ejecución, situada en Sierra Nevada. Dentro de las cesiones obligatorias y gratuitas al servicio de la unidad, el plan especial definió una de las parcelas, de 1.277 metros cuadrados y 750 metros cuadrados de techo edificable, como una finca con uso equipamiento socio-cultural, que fue cedida con esa calificación por los propietarios de los terrenos al Ayuntamiento de Monachil.
No obstante, en 2003 los acusados Francisco Lara, como alcalde del municipio, el concejal de Urbanismo y el arquitecto municipal tomaron la decisión de que la finca cedida por los propietarios para el uso socio-cultural «fuera destinada a un uso mucho más lucrativo», de tipo residencial. La única vía legal consistía, según el relato fiscal, en el establecimiento de una nueva ordenación pormenorizada, que procediera expresamente a modificar la realidad adquirida por la finca, lo que conllevaba tramitar una modificación puntual de las Normas Subsidiarias.
Los inculpados «urdieron» el plan de ampararse en la Disposición Derogatoria de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 1999 para entender que el Plan Especial «Maribel» de 1992 había sido derogado, y a través de un estudio detalle poder conseguir el cambio urbanístico pretendido.
De este modo, «ignorando deliberadamente todo el proceso urbanizador previo, la cesión de la finca por los propietarios, los derechos de éstos y el uso y edficabilidad adquiridos por la parcela», el arquitecto redactó el estudio detalle que fue aprobado inicialmente el 16 de diciembre de 2003 por la Comisión de Gobierno municipal y definitivamente el 23 de abril de 2004 en sesión plenaria. Conseguido el propósito, los acusados procedieron «de inmediato» a tramitar el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en construir una edificio de apartamentos. Ésta última adquirió finalmente la finca, en menos de un año, por casi el doble del valor que le atribuyó el Ayuntamiento en la permuta.
Con esta operación, los procesados «consiguieron modificar ilícitamente la configuración jurídica de la finca afectada utilizando un instrumento absolutamente inidóneo para ello», sorteando las «garantías esenciales» que hubiera llevado consigo la tramitación adecuada.
Ejecutada la primera fase de su «plan delictivo», el concejal, el arquitecto, y el nuevo alcalde, Antonio Trinidad, se dispusieron al último paso para que en la finca «se levantase un lucrativo edificio de apartamentos». Así, el 21 de octubre de 2004 la empresa propietaria de la finca solicitó al Ayuntamiento la licencia para construir 82 apartamentos turísticos, que obtuvo el 22 de noviembre de ese año concedida por la Comisión de Gobierno municipal.
En esta licencia, se concedió una superficie edificable de 7.189 metros cuadrados (muy por encima de los 70 que tenía atribuidos inicialmente el solar) de los 4.320 metros cuadrados tenían uso residencial y el resto aparcamientos y local «guardaesquís».
El fiscal considera por estos hechos coautores de un delito de prevaricación ordinaria a Lara, a Rodríguez y al arquitecto. Estos dos últimos están además acusados de otros dos delitos de prevaricación urbanística junto con Trinidad. Además de las penas solicitadas, el Ministerio Público pide la declaración de nulidad del estudio detalle del 23 de abril de 2004 y la licencia municipal de 22 de noviembre de 2004.

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