Discrepan de Méndez de Lugo y consideran que con su protesta no incurren en una «acción ilícita»
GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)
Los jueces del partido judicial de Granada han acordado hoy por mayoría secundar la jornada de huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) al entender que el Plan de Modernización propuesto por el Ministerio no ataja «en sí mismo los problemas» en la administración de justicia.
Así lo han decidido los jueces unipersonales en una junta convocada hoy en el Edificio Judicial de la Caleta a la que han asistido 31 de los 48 de Granada, de los que 27 han dado un «sí» a la convocatoria y cuatro se han abstenido.
Al término de la reunión, el juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, informó a los periodistas de que los asistentes no sólo han votado su adhesión a los paros sino que han abordado las principales preocupaciones en el servicio público, como una «insuficiente» planta para afrontar el volumen de asuntos que soportan los juzgados, que es «endémico» y que ha provocado una «saturación» difícil de sostener.
En ese sentido, los jueces de Granada consideran que debe aumentarse el ratio de jueces por población, para equiparar a España con otros países de su entorno en materia de justicia. Esa carencia de profesionales, según entienden, «está en la base de todo lo demás», que es una situación «crítica» que «se agrava como una explosión con la crisis».
MÉNDEZ DE LUGO
Asimismo, la junta ha debatido sobre las declaraciones que hizo ayer en la apertura del año judicial el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, que consideró «inconciliable» un posible derecho a la huelga con la condición de «Poder de Estado» de los jueces.
«Respetamos absolutamente la postura del presidente y reconocemos que se trata de una postura que tiene su fundamento y apoyo de otros sectores. No obstante consideramos que actuamos no sólo legítimamente sino lícitamente», mantuvo el juez decano.
De hecho, según indicó Sánchez Gálvez, los límites del derecho a la huelga los ha establecido el Tribunal Constitucional y los jueces no se incluyen en las prohibiciones expresas. Además, existe el precedente de los paros del pasado 18 de febrero «y nadie se ha planteado que los jueces estuvieran cometiendo ninguna acción ilícita».
Por ello, aunque la junta de jueces respeta los criterios jurídicos de Méndez de Lugo, consideran que están facultados para poder acogerse a su derecho a la huelga, dada la actual situación de la justicia. Los jueces creen que el Plan de Modernización de la Justicia puede tener un «efecto beneficioso», si bien no confían en que «por sí sólo» dé garantías de mejora.
Así, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que fijar los servicios mínimos para la jornada del 8 de octubre, y los que opten por secundar la huelga habrán de comunicarlo al TSJA, que hará un control «obligado».

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