GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
Los trabajos que comenzaron el pasado 12 de agosto para reforzar la estructura del Parque Comercial Nevada de Armilla (Granada) como medida de seguridad continúan mes y medio después con la supervisión del Seprona de la Guardia Civil, que ha certificado que las obras se ajustan a los requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que investiga su supuesta tramitación irregular.
Así lo señalaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado, que indicaron además que la fiscalización de las obras se ha remitido al magistrado Miguel Ángel del Arco, que autorizó al promotor de la construcción, Tomás Olivo, ejecutar solamente el aseguramiento de la edificación, y no el cerramiento o impermeabilización de la cubierta existente.
Un arquitecto municipal del Ayuntamiento de Armilla también se desplaza periódicamente con los agentes para constatar que se ajustan a la autorización judicial todas las tareas realizadas, que en principio podrían prolongarse por unas semanas más, explicó hoy a Europa Press el alcalde de la localidad, Gerardo Sánchez.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada accedió parcialmente a la petición del promotor «General de Galerías Comerciales» para acometer estos trabajos, en los que se podría incluir el atornillamiento de las chapas a la estructura y tras los que Olivo, imputado en la causa abierta, deberá retirar de la unidad de la obra todos aquellos elementos sueltos que puedan suponer un riesgo en materia de seguridad. Tras darse a conocer el auto del magistrado, Olivo remitió un oficio al Ayuntamiento por el que pedía permiso para comenzar las obras el pasado 12 de agosto.
Del Arco no permitió cerrar la estructura al entender que si las chapas se desprendieran de la cubierta por el viento caerían en sentido vertical, dentro de una zona que está protegida «o debiera estarlo» con una valla de seguridad, «pero nunca lo harían en sentido horizontal contra las casas colindantes o los vecinos». «Puede ser un exceso de imaginación exponer que este material, como si la construcción estuviera en una zona caribeña, pueda salir volando», ironizaba el juez en un extenso auto en que hizo un exhaustivo repaso del caso desde que el 31 de octubre de 2006 el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada ordenara la paralización de las obras.
El Juzgado transformó el pasado 21 de enero en procedimiento abreviado las diligencias abiertas en el Caso Nevada, lo que supone que los imputados, entre los que se encuentra el que fuera alcalde de la localidad José Antonio Morales Cara el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de la Diputación Gabriel Cañavate, y el promotor de la construcción, Tomás Olivo, están a un paso de ser enjuiciados.
La Fiscalía, que imputa a un total de once personas, solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando a Morales Cara y a Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, por los que pide penas de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción –también imputado en el «Caso Malaya»– lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
El PP, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.

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