GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada instó hoy a las administraciones a incrementar su inversión en obra pública en la provincia para estimular el sector y evitar que unos 12.000 trabajadores, según sus cálculos, «pasen a engrosar las listas del paro» durante el presente otoño a consecuencia de la finalización del Plan E del Gobierno y el Proteja de la Junta.
El presidente de este colectivo, Enrique Legerén, repasó hoy en rueda de prensa la «delicada» situación que vive el sector de la construcción en el territorio español y, especialmente, en la provincia granadina, donde la licitación pública descendió el primer semestre del año pese a los planes impulsados por las administraciones.
A esto se une –explicó Legerén– que los anunciados «brotes verdes» de la economía no se están traduciendo en una reactivación del consumo, ya que los ciudadanos «siguen encontrándose las puertas cerradas de las entidades financieras», que apenas conceden hipotecas para la compra de viviendas.
Tampoco «se vislumbran» mejoras de liquidez a las pequeñas y medianas empresas, por lo que la inversión privada es «casi inexistente» y este contexto general hace augurar a los constructores que el desempleo en el sector aumentará este otoño en unas 12.000 personas que, en su mayoría, ahora están trabajando en las obras públicas impulsadas por la Junta y el Gobierno.
La ACP consideró que en la provincia quedan numerosas obras públicas a las que se podría dar un impulso para favorecer la reactivación del sector, como el cierre del anillo, la segunda circunvalación o las VAUS recogidas en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (Potaug).
A su juicio, las empresas granadinas y andaluzas deben ser «las protagonistas» de estas adjudicaciones, bien de forma independiente o a través de Uniones Temporales de Empresas (UTES) con entidades de mayor envergadura, de modo que se genere empleo local y los beneficios obtenidos redunden en la provincia.
En este sentido, Legerén apostó por la continuidad del Plan E para 2010 –como ya ha anunciado el Gobierno– y consideró que estos nuevos fondos deben usarse para construir infraestructuras que generen empleo estable una vez finalizado el proceso de edificación, como centros de día, reformas en colegios o en centros sanitarios.
DEUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN
También animó a la Administración a impulsar medidas que permitan transformar en viviendas protegidas todas aquellas casas que se encuentran en «stock», de modo que su bajo precio las haga más asequibles para los ciudadanos. Para ello, aseguró que los constructores está dispuesto a «perder beneficios».
Por otra parte, los constructores recordaron que la deuda de las distintas administraciones con las empresas asciende a los 23.000 millones de euros en todo el territorio español, lo que agrava la situación de los empresarios, que tienen que incumplir, a su vez, sus compromisos de pago, lo que está generando «una espiral que hace insostenible el sistema».
Recordaron que la deuda pública a las empresas triplica los 8.000 millones del Plan E, por lo que destacaron la necesidad de que los gobiernos autonómicos, locales y el central aborden esta situación.
Por otra parte, la ACP está citada el próximo lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a raíz de una denuncia presentada por los sindicatos por un supuesto incumplimiento del convenio de la construcción, al no haber aplicado la patronal una subida salarial del 3,5 por ciento en 2009.
Legerén explicó que los constructores «no pueden hacer asumir» esta reivindicación y se mantuvo en su posición de aplicar el 1,5 por ciento sobre el IPC real del presente año, «como se pactó en un principio», un asunto que ahora deberá decidir el juez.

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