GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)
La investigación sobre el fraude a la Seguridad Social que lleva el Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha revelado que un trabajador de las «empresas fantasma» copió el sistema que aprendió de los cabecillas del entramado y creó una nueva mercantil en el sector de la construcción para beneficiarse de las prestaciones sociales, circunstancia que ha provocado que se ordene la práctica de nuevas diligencias y que se reanuden las declaraciones de los posibles implicados.
Así lo señalaron a Europa Press fuentes del caso, que indicaron que esta nueva revelación ha generado «mucha sorpresa» tanto en la defensa como en las acusaciones, puesto que se estimaba que sólo existieron dos empresarios como «cabezas visibles» de la trama, a los que se les imputa insolvencia punible, falsificación de documentos, estafa y un delito contra la Seguridad Social.
De esta manera, el juez ha acordado reanudar las declaraciones, teniendo en cuenta además que hasta ahora, de las 1.800 personas supuestamente implicadas, sólo se han presentado el 50 por ciento de ellas y comparecido el 25 por ciento, acogiéndose el resto a su derecho de no declarar.
El pasado mes de mayo el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros al responsable de la empresa Arnusa Obras y Reformas, Carlos I.A.N., como acusado de fraude a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo (INEM). El juez consideró, después de que el inculpado hubiera permanecido en la cárcel desde el pasado mes de diciembre, que no hay riesgo de fuga, por lo que ha quedado en la misma situación que otro de los empresarios acusados, Juan C.C., al frente de la empresa Otipac Obras y Reformas, que quedó en su día en libertad bajo fianza.
El Abogado del Estado solicitó en su día que se suspendan cautelarmente las prestaciones que han cobrado indebidamente los trabajadores, detenidos tras la denominada «Operación Genil», que no sólo destapó el fraude de empleados, sino también una posible trama para la obtención con filiaciones ficticias de permisos de residencia por parte de extranjeros.
Las investigaciones se iniciaron después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
INEXISTENCIA DE OBRAS
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras –ya que las empresas pertenecen al sector de la construcción– que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por el empresario C.I.A.N, con el que colaboraba J.R.C.C.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.
Todo, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, para eludir las acciones ejecutivas que pudiera llevar a cabo la Seguridad Social.
Según ha desvelado la investigación, los empresarios solicitaban a sus empleados hasta 500 euros por un contrato falso. Una vez abonado el importe, los daban de alta en sus «sociedades fantasma», la mayoría sin actividad; les cobraban una comisión por mantenerlos de alta, y les exigían la cantidad de los seguros sociales aparte.

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