CASTRIL (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Castril (Granada) incidió hoy en que carece de competencias para ordenar paralizar las obras del trasvase del río Castril, tal y como le reclama la Plataforma en Defensa del Río Castril, que hoy protagonizó una manifestación para instar al Consistorio a llevar a los tribunales el asunto.
El alcalde del municipio, José Juan López Ródenas (PSOE), dijo a Europa Press que, pese a que el Ayuntamiento ordenó mediante decreto la paralización de las obras, «inmediatamente» se recibió por parte de la administración estatal una carta en la que se decía a la corporación local que el decreto «no tenía validez».
«Nos llama la atención la insistencia de la plataforma en culpar al Ayuntamiento», manifestó López Ródenas, que aludió a una «cuestión política de ataque al municipio» tras esta postura, «muy poco relacionada con la defensa medioambiental, sobre todo porque se defienden falsedades relacionadas con los riegos de Castril o los derechos de los agricultores».
En cuanto a la petición del colectivo de que denuncie el asunto, el regidor castrileño tildó de «absurdo» denunciar «una cosa que sabemos que no vamos a ganar porque la ley lo ampara». Por ello, subrayó que, en todo caso, la plataforma debe trasladar sus quejas a la institución competente, es decir, el Gobierno de la nación.
López Ródenas concluyó explicando que el Consistorio no está en contra del proyecto, sino de su fecha, porque debería haber comenzado en otoño, «para no provocar una crispación vecinal innecesaria», y ahora «ha destrozado una parte de los cultivos». «Hay que entender el agua como un bien público y el trasvase no supondrá ningún daño medioambiental al pueblo», concluyó.
Según señaló la plataforma en un comunicado remitido a Europa Press las administraciones –Gobierno Central, Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Castril– «están haciendo caso omiso a las denuncias interpuestas y tampoco han querido esperar al dictamen del Parlamento Europeo, quien tendrá que pronunciarse próximamente sobre si dichas obras y el trasvase vulnera las directivas de protección ambiental Europeas». «La CHG no ha respondido a las múltiples alegaciones presentadas y pretende dar lugar a una situación de hechos consumados, antes de cualquier pronunciamiento político o judicial», apuntó.
Asimismo, este colectivo ciudadano criticó que «a buena parte de la población castrileña se la ha tenido engañada con una supuesta concesión de agua para nuevos regadíos si se apoyaba el trasvase». «Pero no solamente no se tiene asignada todavía la concesión, sino que la Comunidad de Regantes tradicional de Castril ha recibido un documento de la CHG restringiendo las concesiones, de los derechos históricos de los riegos tradicionales, o sea, que no sólo no han concedido agua para Castril, sino que la que tenemos nos la quitan», indicaron su responsables.

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