GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)
El PP de Granada consideró hoy que el Ministerio de Fomento ha podido cometer un «gravísimo» incumplimiento de la Ley de Contratos del Estado en la adjudicación de los sistemas de seguridad de los túneles de la A-7, que se hizo, según entienden los «populares», después de que los trabajos, con un importe de más de 17 millones de euros, fueran ejecutados.
De hecho, según explicó hoy en rueda de prensa la diputada nacional del PP Concha de Santa Ana, el anuncio apareció el pasado 12 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que consta que los trabajos, concretamente el control y el equipamiento de los túneles de Cantalobos, Calaceite y El Gato, se adjudicaron el 24 de julio a una UTE, cuando fue el 28 de julio cuando el ministro de Fomento, José Blanco, inauguró el tramo La Herradura-Taramay.
«¿Qué garantías tiene ese sistema de seguridad de los túneles, por los que pasan 100.000 personas al día, si se han ejecutado sin estar adjudicados? ¿A quién habría que haber pedido responsabilidades en caso de accidente?», se preguntó la diputada, para quien no es posible que los trabajos se acometieran en tan sólo cuatro días por la complejidad de los mismos.
En ese sentido, el PP ha pedido hoy en el Congreso de los Diputados un informe del expediente completo del tramo en cuestión de la A-7, para conocer cómo se llevó a cabo el proceso, que dejó la obra, a juicio de De Santa Ana «en tierra de nadie».
La diputada, que dijo desconocer por ahora si las empresas pudieron ser seleccionadas «a dedo», pidió explicaciones a los responsables políticos y criticó la forma en que se invierte el dinero público por parte del Gobierno, puesto que el tramo La Herradura-Taramay tuvo un coste de cerca de 240 millones de euros.

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