GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
La Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social en Granada defendió hoy la legalidad del centro de Otura (Granada) que gestiona la Asociación Eleva Apromem, que cuenta con licencia otorgada «por silencio administrativo». La Junta respondió así a las acusaciones efectuadas por el alcalde de la localidad, Ignacio Fernández-Sanz (PP), que asegura que el centro debería estar clausurado por orden de la Alcaldía y por resolución judicial.
Según indicó la Delegación en un comunicado, los dos Centros de Protección de Menores que la Asociación Eleva Apromen tiene en Otura, concertados con la Junta de Andalucía, cuentan con la autorización definitiva de funcionamiento por parte de la Dirección General de Infancia y Familias de esta Consejería, lo que supone que ambos «reúnen todos los requisitos materiales y funcionales exigidos por la normativa vigente a los Centros de Servicios Sociales de Andalucía».
En cuanto a la licencia municipal de apertura, precisó que el Centro Eleva II cuenta con ella desde junio de 2007 y, respecto al Centro Eleva I –al que se refiere la acusación del alcalde de Otura–, la Dirección General de Infancia y Familias, a requerimiento de la delegada provincial, Magdalena Sánchez «ya ha informado que el funcionamiento del centro está dentro de la legalidad, puesto que la licencia municipal de apertura solicitada en su día por Eleva Apromen ha de considerarse legalmente otorgada por silencio administrativo, habiendo subsanado la entidad dentro de fecha todas las deficiencias requeridas por el Ayuntamiento».
No obstante, matiza la Delegación, que al estar el proceso pendiente de pronunciamiento judicial firme sobre la medida cautelar de desalojo acordada unilateralmente por el Ayuntamiento, «no se ha considerado la adopción por parte de la Junta de Andalucía de medidas provisionales de realojo de los menores tutelados al no haber aún un auto judicial firme; además resultarían en este momento particularmente desaconsejables en su proceso educativo de no ser definitivas».
Finalmente, en cuanto a la pretensión de la Asociación Eleva Apromen de proceder a la apertura de un nuevo centro en la localidad, «la misma deberá sujetarse en todo caso al cumplimiento por parte de la entidad promotora de todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, por lo que en ningún caso debería condicionarse esta apertura al funcionamiento del resto de centros, lo que sí podría ser constitutivo en su caso de presunta prevaricación», concluye.

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