OTURA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz Amador (PP), acusó hoy a la Junta de Andalucía de «continuar financiando» una casa de acogida «ilegal», que debía estar clausurada hace tiempo y de pretender abrir otra más en el municipio.
Concretamente, el alcalde se refrió en un comunicado al centro que gestiona la Asociación Eleva Apromen, que debería haberse clausurado el pasado 29 de octubre de 2008, cuando se dictó una resolución en la que se ordenaba el cese inmediato de su actividad por incumplimiento del artículo 181 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Según señaló el regidor, la casa sigue funcionando, financiada por la propia Junta de Andalucía, a la que acusó de «hacer caso omiso» a la resolución de la Alcaldía y al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada que denegaba el recurso interpuesto por la citada asociación, para que el centro continuará abierto.
«Tras numerosas visitas de la Policía Local de Otura, se ha podido comprobar que han ignorado tanto la orden de cese de actividad, como al requerimiento de desalojo en el plazo de 48 horas de los menores y personal de trabajo que se le interpuso en enero de este año», indicó.
El alcalde calificó de «irresponsable» e «incoherente» la reacción del ente autonómico ante un asunto tan delicado , por lo que ha solicitado a la delegada provincial de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Magdalena Sánchez, el realojo de los menores y trabajadores en otros centros de la provincia, para la clausura y precintado del local.
Igualmente, Fernández-Sanz anunció que si no se toman medidas en los próximos días, denunciará ante la Fiscalía a la delegada provincial por un posible delito de prevaricación.

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