Recoge desde el estudio en el subsuelo con georradares hasta la colaboración de la Guardia Civil para evitar «un circo mediático»
GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada prevé entregar a mediados de este mes a la Delegación Provincial de Cultura el estudio arqueológico que está elaborando a fin de obtener la autorización para exhumar la fosa donde supuestamente están enterrados los restos de poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí.
Fue el pasado mayo cuando la asociación decidió seguir un proceso administrativo paralelo al judicial a fin de obtener los permisos necesarios por parte de la Diputación de Granada –propietaria de los terrenos– y la Junta de Andalucía, que deberá autorizar lo que será «algo similar a la excavación de un yacimiento arqueológico».
La asociación tomó esta decisión tras conocer el pasado mayo que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazó asumir la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo y, concretamente la apertura de la citada fosa, por no verse competente. El caso volvió a la Audiencia Nacional y hace unos días el juez Baltasar Garzón planteó al Tribunal Supremo (TS) un conflicto de competencia para que decida quién debe autorizar la exhumación.
En este contexto, el vicepresidente de la ARMH en Granada, Rafael Gil Bracero, explicó a Europa Press que ya se está tramitando la solicitud a la Diputación de Granada –que aseguró en su día que no pondrá impedimentos a este proceso si lo ampara la ley– y ahora se están «dando las últimas pinceladas» al estudio que se presentará a Cultura, que a su vez deberá remitirlo a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, competente en resolver este asunto.
El proyecto está siendo elaborado por el profesor de Arqueología, Francisco Carrión, que «tiene un amplio currículum en materia de excavaciones arqueológicas» y será quien coordine los trabajos en caso de que se obtengan los permisos.
Se trata de un «exhaustivo documento» que incluye desde el estudio con georradares que precede a cualquier intervención en el subsuelo hasta el protocolo a seguir una vez que se localicen signos que evidencien la presencia de la citada fosa, así como los pasos que se darán una vez que se encuentren los restos y deban ser sometidos a los pertinentes estudios antropológicos y pruebas genéticas.
El proyecto también incluye las medidas que se van a tomar para evitar que la exhumación «se convierta en un circo mediático» y recoge para ello la colaboración de la Guardia Civil, de modo que esté garantizada la vigilancia en la zona y la privacidad del equipo formado por más de diez especialistas que se encargará de la exhumación.
Bracero consideró que el proceso administrativo tiene «más posibilidades de sacar resultados positivos» que la vía penal, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señalara que la exhumación de las fosas de la Guerra Civil puede asimilarse a la intervención en un yacimiento arqueológico.
No obstante, explicó que la intención de la asociación es seguir en paralelo con ambos procesos y no descartó llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo.
Bracero auguró que este proceso administrativo se dilatará hasta el próximo septiembre, si bien se mostró esperanzado en que a partir de esta fecha «las cosas se agilicen» y se pueda comenzar con los trabajos de localización de la fosa, situada en terrenos entre Víznar y Alfacar.

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