ALMUÑÉCAR (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides Yanguas, recurrirá el fallo judicial que le condena a 28 meses de prisión por el caso de la Televisión Local, Medios Informativos de la Costa Tropical S.L. como autor responsable de un delito de coacciones.
Según informaron en un comunicado, el magistrado sustituto de lo Penal nº 1 de Motril, dictó esta sentencia condenatoria contra Benavides con una pena de 28 meses y dieciséis días de prisión e inhabilitación para cargo público, a la vez que le absuelve de los cargos de delito por prevaricación y contra los derechos constitucionales.
Al edil sexitano parece no haberle «cogido por sorpresa el fallo», dada «la persecución pública, política y mediática que llevamos sufriendo desde hace años», en el reiterado intento de conseguir una sentencia condenatoria, «que nos quite en los tribunales lo que no han podido quitaros las urnas: el apoyo, el respeto y el voto de los ciudadanos».
Así, señaló que con esta sentencia al demandante «se le han visto truncadas sus expectativas indemnizatorias», ya que el fallo no contempla la millonaria indemnización solicitada por su letrado, sino sólo por el importe del perjuicio ocasionado a la empresa durante los 19 días que van desde el 16 de enero hasta el 4 de febrero de 2004, según manifiesta el fallo.
Por ultimo, señaló que hasta la fecha, todas las sentencias en primera instancia que han recaído sobre Juan Carlos Benavides por un juez sustituto, al llegar sus correspondientes recursos a la audiencia y ante jueces titulares les han sido favorables quedando absuelto de todas ellas.
El alcalde de Almuñécar declaró además que «todas sus actuaciones y las del Ayuntamiento siempre han sido en defensa del interés público» por lo que manifestó su «absoluta confianza» en las altas instancias de la justicia.
El pasado 10 de junio, el alcalde almuñequero se sentó en el banquillo de los acusados imputado por un supuesto delito de coacciones, prevaricación y contra los derechos constitucionales de un empresario motrileño, que en el 2004 gestionaba la televisión local de Almuñécar, al que le fue retirada la concesión de la producción de programas en la televisión «por la fuerza y por la vía de los hechos consumados» según la acusación, y «por el incumplimiento del pliego de condiciones», según la defensa.
Apenas 20 días después, el juez sustituto Francisco Pérez Venegas, dictó sentencia del caso, que dimana del procedimiento abreviado nº 79/2005 del juzgado de instrucción número 2 de Almuñécar, donde se presenta denuncia contra el alcalde «por ordenar o bien consentir el cambio de la cerradura de la terraza de la Casa de la Cultura donde se encontraban las instalaciones de la citada Televisión, la de la caseta del Rancho Río Verde, así como por el corte del fluido eléctrico, impidiendo con ello el normal desarrollo de producción y emisión de programas».
En el juicio, la defensa de Benavides alegó que el cambio de la cerradura en la Casa de la Cultura la motivó la rotura del bombín; que el de la caseta de Río Verde se sustituye atendiendo a las instrucciones del entonces alcalde en funciones Miguel Ávila Padial y a instancias del jefe de la Policía Local.
Del mismo modo, estas fuentes indicaron que mientras que la intención del corte del suministro eléctrico, acordado por la Junta de Gobierno Local y no por el acusado, no era la de impedir la emisión ni forzar ninguna situación, solo «la de evitar el fraude», ya que se le requirió a la empresa en reiteradas ocasiones para que procediera al cambio de titularidad del contrato de suministro de agua, luz y teléfono, en virtud del cumplimiento de la cláusula del concurso, que señalaba que «los gastos derivados del consumo de electricidad y limpieza de las instalaciones cedidas serán de cuenta del adjudicatario».
Tras hacerse pública la sentencia, el alcalde sexitano anunció que será recurrida en el plazo de diez días ante la Audiencia Provincial por el equipo jurídico del Ayuntamiento de Almuñécar, quienes afirman haber encontrado «importantes fallos argumentales y de forma» en la misma, considerando extraño que habiendo sido absuelto de un delito de prevaricación se le condene por coacciones, ya que «un cargo público que no ha prevaricado es imposible que pueda incurrir en un delito de coacciones».

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