GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
Los jueces unipersonales de Granada han acordado hoy adherirse a las protestas convocadas por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), incluyendo la posible huelga para el 8 de octubre, si las conversaciones mantenida con el Ministerio de Justicia no fructifican.
En la junta de jueces convocada para la mañana de hoy, a la que han asistido 28 de los 70 jueces unipersonales de la provincia, se ha suscrito por quórum un documento en el que constatan que los acuerdos alcanzados en el proceso de negociación han sido hasta ahora «mínimos», se alinean con la «mayoritaria actitud» de esperar mayores resultados, y señalan que en el caso de que no se alcancen los resultados esperados, se adherirán a las protestas, incluida la huelga, informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El recién elegido juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, precisó en una entrevista concedida recientemente a Europa Press que «lo importante» no es que se vaya o no a la huelga sino «que se tome conciencia de las motivaciones que llevaron a plantear ese medio extremo y excepcional de presión».
Sánchez Gálvez consideró que el 18-F supuso que socialmente se vieran esos motivos como «justificados», y que se viera como necesario que hay que articular medidas «encaminadas a establecer una carga razonable de trabajo que pueda ser equiparable a la responsabilidad que se nos exige».
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se refirió el pasado 16 de junio a la huelga, convocada sólo por la asociación mayoritaria de jueces, atribuyendo al «diálogo constante» y al «buen clima de trabajo» que tres de las cuatro asociaciones judiciales del país «hayan ya puesto de relieve que si se sigue trabajando así» no vean «causa ninguna para mantener ningún tipo de huelga».
En alusión a la jornada de paro para el 26 del presente mes que las asociaciones habían convocado en febrero y que sólo mantiene una de ellas, aunque posponiendo la fecha al 8 de octubre, Caamaño precisó que la Asociación Profesional de la Magistratura «tendrá que explicar a los ciudadanos españoles cuáles son las razones» por las cuales se reafirma en la convocatoria aunque la posponga para después del verano.

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