GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba al constructor granadino José Ávila Rojas a una pena de ocho años de cárcel y el pago de un multa de más de diez millones de euros por cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública en 2001 y 2002 en operaciones inmobiliarias desarrolladas en Marbella (Málaga), desestimando el recurso presentado contra el fallo ante el alto tribunal.
En la sentencia que en su día redactó el tribunal granadino, ahora firme, se declaraba probado que Ávila Rojas y la sociedad mercantil CCF 21 Negocios adquirieron el 22 de mayo de 2001 la finca conocida como Huerta de las Monjas, ubicada en Marbella, por unos tres millones de euros y que ese día la vendieron a la mercantil Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio S.L por 11,4 millones de euros.
Esta operación estaba sujeta al IVA, por lo que el constructor debería haber ingresado al erario público unos 918.000 euros y, al no haber reflejado esta cantidad en sus autoliquidaciones de 2001, obtuvo una defraudación en la cuota del impuesto por una cantidad de 583.570 euros. De igual modo, con la reventa de esta finca obtuvo este mismo año una ganancia empresarial de 4,2 millones de euros que no fue declarada en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, obteniendo una defraudación en la cuota del IRPF de 1,9 millones de euros que tampoco reflejó.
En una operación posterior llevada a cabo el 29 de julio de 2002, el tribunal consideró que de nuevo el acusado y CCF 21 Negocios vendieron la finca «Coto de los Dolores» a la sociedad Arenal 2000 S.L por 7,6 millones de euros –la adquirieron por 1,8 millones–, declarándose esta operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, según indica la sentencia.
No obstante, el 9 de octubre de 2002 se otorgó nueva escritura y se acordó elevar el importe inicial en 2,54 millones de euros, por lo que el precio de venta había quedado fijado definitivamente en 10,2 millones de euros, y no sujetado al IVA, con lo que se eludió el pago de este impuesto y se obtuvo, al no ingresar la cantidad que correspondía en el Tesoro, un beneficio de 823.000 euros.
Respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2002, «se produjo un beneficio empresarial de 4,20 millones de euros, que debió incluir en la declaración del IRPF en vez de los 3,8 que reflejó, y al no hacerlo se produjo «un perjuicio para el Erario Público de 1,6 millones de euros».
En la nueva sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala desecha uno a uno los siete motivos expuestos por el constructor en el recurso de casación, que interpuso alegando infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento deforma e infracción de Ley.
Así, desestima la Sala el argumento esgrimido sobre que la fincas con las que se operó no estaban sometidas al pago de impuestos porque el constructor no actuó como empresario, sino a título particular. Los magistrados consideran que el promotor no se limitó a un «mero incumplimiento de deberes tributarios», sino que pretendió ocultar una realidad tributariamente relevante «con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública» y dejan fuera de duda que Ávila Rojas ejerce de manera pública y notoria como profesional de la actividad inmobiliaria.
El fallo de la Audiencia granadina, ahora firme, impone dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de defraudación, y obliga a que el constructor indemnice a Hacienda con una cantidad superior a los cinco millones de euros, perdiendo además la posibilidad de recibir subvenciones e incentivos de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años.

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