GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)
El PP de Granada volvió hoy a pedir la dimisión del presidente de la Diputación provincial, Antonio Martínez Caler, por el despido en 2004 de una trabajadora de la empresa «Infraestructuras y equipamientos de Granada Sociedad Anónima» que entonces estaba embarazada y que tendrá que ser readmitida después de que el Tribunal Constitucional haya sentenciado que fue discriminada por razón de sexo.
En rueda de prensa, el portavoz del grupo «popular» en la institución provincial, José Antonio Robles, que señaló que ésta es la segunda sentencia de estas características que se falla en España, incidió en que la mujer era teniente de alcalde del PP en la localidad de Gúéjar Sierra cuando fue despedida por una supuesta reestructuración de plantilla, «aunque la única reestructurada fue sólo ella».
Robles consideró a Martínez Caler como el último responsable de los hechos y le acusó de haber tenido la misma política de personal en otros casos, como en el de la jefa de servicio que sufrió acoso por parte del ex coordinador de seguridad, o en el caso de un médico «que fue despedido por afiliarse a un sindicato diferente al oficial».
Según explicó, la Diputación tendrá que hacer frente al pago de una indemnización por las decisiones que adoptó en su día, si bien «a día de hoy nadie se ha puesto en contacto con la trabajadora».
Por su parte, la diputada provincial del PP María Victoria Molina indicó que éste se trata de un «nuevo escándalo en materia de personal» en la institución y censuró que la mujer haya tenido que estar «penando» por los juzgados desde 2004, hasta que el Constitucional le ha dado ahora la razón, después de que la Diputación acudiera al Supremo y ganara el recurso.
El PP mantuvo además que denunciará este tipo de hechos ante los tribunales si tiene «el más mínimo indicio» de responsabilidad penal en ellos.

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