GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)
El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha avalado la decisión que adoptó el alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides, y el pleno municipal, de rescindir el contrato a la empresa de limpieza y recogida de basuras «El Mirlo», que vivió una huelga de sus trabajadores el verano de 2007 que provocó la acumulación de hasta 800 toneladas de residuos en la localidad costera.
El órgano consultivo, con sede en Granada, argumenta su decisión en que, tal y como sostuvo el regidor sexitano en su día, en que el procedimiento administrativo seguido para la resolución del contrato «se ajusta a los términos generales a las previsiones normativas» y alude además al «incumplimiento culpable del contratista».
Así, el Consultivo manifiesta que la continuación del servicio de limpieza se hizo «imposible» porque la entonces concesionaria del servicio no podía hacer frente al pago de los salarios, cuyo coste se incrementó por la aplicación del convenio provincial de limpieza, en cuya negociación no intervino el Ayuntamiento de Almuñécar, «de tal forma que no procede la resolución del contrato por la causa invocada por el concesionario».
La empresa alegó que el Consistorio habría cometido diversos incumplimientos contractuales, pero el Consultivo señala al respecto que éstos «ni se concretan, ni se demuestran mediante documento alguno». Por contra, el CCA apunta los incumplimientos de «El Mirlo» del pliego de cláusulas administrativas y técnicas siendo «múltiples» las «deficiencias» e «irregularidades» que se recogen en los partes de Inspección.
En un comunicado, el Consultivo recoge además el informe del Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento, que se refería a los incumplimientos contractuales en el pliego, como los relativos a la falta de instalaciones propias, puntos limpios, ampliación de papeleras y puntos selectivos. Tampoco se ejecutaron las mejoras extras ofertadas, ni las inversiones previstas.
Por todo lo anterior el órgano que preside Juan Cano Bueso considera justificada la causa de resolución pretendida por el Consistorio de Almuñécar, que después de acordar esa rescisión adjudicó el servicio a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

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