GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Granada ha condenado, por conformidad de las partes, a una pena de un año de cárcel a una madre y a su hijo, F.G.M. y A. P.G., de 64 y 41 años, por vender en julio de 2004 la que había sido su finca, que era entonces propiedad de otra persona.
El tribunal les considera autores de un delito de estafa y les obliga además a pagar 21.000 euros de indemnización al hombre que adquirió la vivienda, según consta en la sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press.
Los procesados vendieron concretamente el 13 de julio de 2004 la vivienda, sita en el paraje de los Malhechos, en Castril (Granada), a sabiendas de que ya no les pertenecía en propiedad «con ánimo de enriquecimiento ilícito».
Lo hicieron mediante escritura pública formalizada ante notario a tres personas. Éstas figuraban como compradoras y la procesada F.G.M. como vendedora de la vivienda, por la que se pagaron 21.000 euros, pese a que en la escritura se hizo constar que el precio de la compraventa era de 6.000 euros.
La finca pertenecía inicialmente a la inculpada, quien la había adquirido por herencia de su padre, pero posteriormente pasó a ser propiedad del banco, en virtud de un auto de adjudicación dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Huéscar en un procedimiento seguido contra la acusada y su marido.
La vivienda fue transmitida al actual propietario, F.M.G., quien la adquirió por compraventa al banco el 20 de septiembre de 2002 y que después inscribió en el Registro de la Propiedad de Huéscar.
A pesar de que no consta que la procesada tuviera conocimiento formal del procedimiento seguido contra ella, puesto que no pudo ser localizada en el domicilio que había facilitado al banco, «sí que está acreditado en autos que conoció con carácter previo al otorgamiento de la escritura» que no era la propietaria de la finca.
Lo supo cuando tuvo conocimiento de la nota simple del Registro de la Propiedad que había solicitado su hijo, quien ocultó el documento a los compradores con el fin de que no supieran que su madre no era la propietaria y se pudiese llevar a efecto la compraventa.
Por otro lado, tras tomar posesión de la finca vendida, los compradores comenzaron los trabajos de acondicionamiento, con movimientos de tierra y limpieza de accesos, que generaron unos gastos de 2.280 euros. En ese momento, fueron denunciados por el auténtico propietario de la vivienda, circunstancia que provocó el conocimiento de la verdadera titularidad del inmueble.
Durante el juicio, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones y solicitó un años de cárcel para cada uno de los acusados, además de los 21.000 euros de responsabilidad civil, petición a la que se sumó la acusación particular, que precisó que el importe de la indemnización se hará abonando 10.500 euros antes de seis meses y el resto antes de que transcurra un año, y las defensas.

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