GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)
Las acusaciones y las defensas de las 22 personas acusadas de ocupar ilegalmente diversas viviendas protegidas en Jun (Granada) entre los meses de julio y octubre de 2005 han alcanzado hoy un acuerdo para que cada uno de ellos pague una multa de 360 euros por el delito de usurpación, por lo que el juicio que estaba previsto hoy en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada no ha llegado a celebrarse.
Los procesados han sido además absueltos de los delitos de daños, coacciones y falsedad en documento privado de los que inicialmente les acusaba la Fiscalía, que solicitaba penas de hasta tres años y cinco meses de prisión.
Asimismo, aunque muchos le han manifestado a la juez su situación de insolvencia, los 22 de los 24 inculpados que hoy se han presentado en el Juzgado –dos están en paradero desconocido– deberán hacer frente al pago de un total de 17.108 euros en cantidades que oscilan desde los 395 a los 2.208 euros, en concepto de responsabilidad civil, por los daños ocasionados a los inmuebles. No obstante, Endesa y el Ayuntamiento de Jun podrán reclamar las cantidades que se estimen oportunas, que se reflejarán en la sentencia.
Fue a principios del mes de julio de 2005 cuando comenzaron las ocupaciones de las viviendas, situadas en la avenida de Granada de Jun, con la llegada de una pareja, de 26 y 28 años, que tuvo entonces el «ánimo» de establecerse «permanentemente» en el piso, al que accedió «sin gozar de titulo legitimador alguno», según consta en el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press.
Para introducirse en el inmueble, que estaba en oferta para arrendar, rompieron la cerradura de la puerta y, durante su estancia, manipularon, arrancaron y rompieron diversos efectos del mobiliario e instalaciones, y consumieron energía eléctrica y agua uniendo «ilícitamente» con cables y tubos las conexiones y conducciones de la vivienda a las generales.
Asimismo, trataron de apropiarse del piso contiguo abriendo un agujero por el que acceder al mismo y simularon un contrato privado de compraventa, otro de arrendamiento y diversas facturas y recibos de alquiles, contratos y pagos que «nunca llegaron a existir» y que después presentaron en el juzgado de Instrucción «para evitar el desalojo en perjuicio de los legítimos derechos de los propietarios».
Posteriormente, otra familia actuó de manera similar en otra vivienda en la misma ubicación, una situación que volvió a repetirse por parte de otras personas que, «enteradas» de las ocupaciones realizadas por los cuatro acusados en el mes de julio decidieron seguir el «ejemplo» e introducirse ilícitamente en otras viviendas vacía en el mes de octubre, pensando que podrían ganar «por la vía de hecho» el disfrute de las mismas u obligar a sus propietarios a negociar con ellos una venta o alquiler a bajo coste.
La Fiscalía de Granada pidió en noviembre de ese año que la Guardia Civil procediese al desalojo de las viviendas ocupadas tras recibir una denuncia en la que se mencionaba «violencia e intimidación».
El grupo de ocupas, que supuestamente llegaron a amenazar al alcalde, José Antonio Rodríguez Salas, procedían del barrio de La Cartuja, en Granada, y justificaron su acción entonces alegando que ellos fueron anteriormente desalojados de sus viviendas por un grupo de mafiosos rumanos.

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