La Fiscalía y la acusación particular mantienen sus peticiones de penas, de 15 y 23 años para el procesado por la muerte de Daniel B.
GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)
Las defensas de seis de los siete acusados de integrar una banda organizada dedicada al tráfico de hachís en La Herradura (Granada) han pedido la prescripción del delito contra la salud pública que se les imputa, puesto que los hechos se remontan a 1998 o que, en caso de que les considere culpables, se les aplique la atenuante análoga de dilación indebida.
De hecho, inicialmente el proceso contaba con dos acusados más, pero el Tribunal Supremo hizo firme la prescripción de los delitos contra la salud pública de los que se les acusaba, ratificando un auto de la Audiencia de Granada.
La Fiscalía de Granada ha mantenido hoy en sus conclusiones, que elevó a definitivas, su petición de tres años de cárcel para los siete, y su solicitud de doce años más de prisión para Antonio C.P., natural de O Grove (Pontevedra), al que le imputa el homicidio del empresario Daniel B., con el que tenía «ciertas desavenencias» por la titularidad de una plataforma mejillonera.
La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, tampoco ha modificado su solicitud de penas, que en el caso de los inculpados por tráfico de drogas es también de tres años y que para el procesado Antonio C.P. es de un total de 23, por el delito de asesinato.
En la quinta sesión del juicio, que se celebra desde el lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, los forenses que hicieron el examen del cadáver de Daniel B. señalaron que el disparo que recibió fue «mortal de necesidad» y efectuado a «corta distancia», de no más de un metro.
Según sus investigaciones, el empresario estaba agachado para intentar coger algún objeto o para evadir el tiro cuando lo recibió, que según los peritos que practicaron el estudio morfológico de la zona del cuello en el que le impactó la bala se hizo con el arma «casi en contacto» con el cuerpo.
CON UN REVÓLVER ANTIGUO
El arma utilizada, según los expertos que redactaron el informe de balística, fue casi con toda seguridad un revólver de cierta antigúedad, dado el deterioro del proyectil encontrado en el cuerpo del empresario.
También declaró hoy ante la Sala el dueño del camping donde se encontraba la autocaravana de Antonio C.P. y una empleada de entonces, que dijeron no tener constancia de que el acusado acudiera a su vehículo la noche de los hechos, como así aseguró el gallego el primer día del juicio.
Tampoco los agentes que hicieron la inspección ocular encontraron en la caravana indicios de que alguien hubiera dormido allí esa noche, según aseguraron al tribunal. Sí hallaron una huella aún no identificada en el retrovisor del vehículo en el que fue encontrado el cuerpo sin vida de Daniel B.
La acusación particular pidió además que se leyeran las declaraciones de dos testigos más que no han acudido a la vista, una la del dueño de la mejillonera, que era socio al 50 por ciento con Daniel B.
Éste aseguró ante el Juzgado de Instrucción de Almuñécar que Daniel B. le dijo que el acusado de su muerte quería usar la plataforma para el tráfico de hachís, a lo que el empresario fallecido se negaba. Fue entonces, según declaró en su día, cuando comenzaron los problemas con el gallego, que llegó a amenazar a ambos.
El fiscal relata en su escrito de conclusiones que el 20 de mayo de 1998 éste llegó desde O Grove a La Herradura porque tenía preparado con el resto de los inculpados un desembarco de un importante alijo de hachís, cuando se encontró con Daniel B., con el que tenía serias desavenencias por la titularidad y el uso de la mejillonera.
En el transcurso de una discusión, según la Fiscalía, Antonio le efectuó un disparo, al parecer con un revólver –aunque el arma no ha aparecido–, que le alcanzó a la víctima en el cuello, que le causó la muerte inmediata por intenso shock hemorrágico.
El juicio concluirá el próximo lunes con la exposición de los informes finales de las partes.

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