Con la denominación de Asociación Andaluza de Trabajadores, Autónomos y Empresarios con Discapacidad «Sí, Podemos», se ha constituido en Granada una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro en la que se han unido por vez primera trabajadores, autónomos y empresarios con discapacidad para conseguir que las Administraciones Públicas y las entidades privadas contraten a personas de este colectivo, así como promover una formación continua «a la carta» para poder insertar en el mercado laboral al mayor número de trabajadores posibles y fomentar futuras sociedades mercantiles o cooperativas entre los mismos.Según el estudio realizado por el profesor Carlos Guillén de la Universidad de Cádiz «Discapacitados y empresas: un análisis de la productividad. El coste de oportunidad desconocido», sólo el 35 por ciento de las empresas españolas con plantillas de más de 50 trabajadores tienen contratada a alguna persona con discapacidad. Este estudio trata de poner de manifiesto los beneficios y costes que supone contratar a personas con discapacidad, así como contar con una herramienta que analiza las razones de la alta tasa de desempleo e inactividad de las personas con discapacidad en España. En este sentido, el profesor Guillén puso de relieve que la contratación de personas con discapacidad, además de suponer unos ahorros económicos a las organizaciones, conlleva otra serie de beneficios, como la generación de modelos de creación de valor que son trasladables a toda la empresa. Además, también puso de manifiesto que, aunque existe un amplio conocimiento de la legislación laboral sobre las personas con discapacidad, son pocas las empresas que dan el paso de contratar a discapacitados. Guillén señaló que el incumplimiento de la LISMI (Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos) es mayor entre las empresas del sector público que entre las del sector privado, con un 25% y 38%, respectivamente. Aunque el 90 por ciento de las empresas que fueron encuestadas para el estudio han señalado que la contratación de personas con discapacidad les aporta beneficios, un 80 por ciento de ellas mencionaron la necesidad de que la administración pública incremente las ventajas por la contratación de personas con discapacidad. Por último, Guillén señaló que, si se cumpliera la ley, no debería de haber paro entre este colectivo, que tiene que enfrentarse a dos grandes retos: una incorporación efectiva al mercado de trabajo como buscadores activos de empleo y que las empresas aprovechen adecuadamente la capacidad laboral de las personas con discapacidad.
Además, la ONCE recoge en un estudio que sólo uno de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral tiene trabajo. Por otra parte, el estudio señala que el colectivo analizado se caracteriza, en líneas generales, por un bajo nivel de formación reglada: el 34% carece de estudios, el 38% tiene sólo los primarios, el 28% ha cursado los secundarios y el 10% tiene alguna licenciatura o diplomatura. El 24% de las personas que han participado en el estudio afirman haber realizado cursos de formación ocupacional.El presidente recién elegido es Antonio Manuel Tejada Cruz (consultor de marketing y comunicación) que está acompañado en la directiva por José Manuel Ruiz Reyes (medallista paralímpico en Pekín y profesor de Educación Física) y José Luís Vallejo Morente (técnico informático y empresario), los cuales ya han declarado que también se trabajará para que el proyecto que acaba de nacer se extienda por todo el territorio español.Los fines principales que persigue la asociación son la defensa de los derechos, tanto laborales como de cualquier otro tipo, de las personas con discapacidad y potenciar la contratación de los mismos; potenciar la iniciativa de autoempleo del colectivo ya sea con la figura de autónomo o la constitución de empresas; potenciar las cooperativas para resolver los problemas de inserción laboral del colectivo de discapacidad; velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación de personas con discapacidad tanto en el sector público como en el sector privado; informar y ayudar en la tramitación de diferentes subvenciones que sean de interés para los asociados; fomentar la práctica de deporte adaptado entre sus asociados; asesoramiento a todos los miembros de los derechos y deberes respecto a la inserción laboral y la tributación de los trabajadores con alguna discapacidad, etc.Para conseguir estos objetivos y una verdadera normalización de este colectivo que puede ser tanto o más cualificado que el resto de la sociedad, las acciones que se llevarán a cabo son de asesoramiento laboral para sus asociados, consistente en dar respuesta a cuantas cuestiones se planteen en la relación laboral o situación empresarial del asociado; acciones de asesoramiento tributario, consistentes en dar respuesta a cuantas cuestiones se planteen sobre tributación directa o indirecta del asociado; se pondrá en marcha un programa de promoción del autoempleo a través del cual se informará a los asociados de las bonificaciones, subvenciones y ayudas que existen para la constitución de sociedades y/o cooperativas; acciones de asesoramiento a empresas y a Administraciones Públicas con la finalidad de que cumplan el porcentaje legalmente establecido de contratación de personas con discapacidad, así como se promuevan medidas de fomento de la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo ordinario; acciones de formación para sus asociados; acciones de sensibilización, dirigidas a la sociedad en general, y al mercado de trabajo en particular, haciendo ver las capacidades que tiene el colectivo de personas con discapacidad; programa de propuestas, consistente en hacer llegar al poder legislativo y ejecutivo del Estado y de las Comunidades Autónomas, propuestas que mejoren la situación laboral y fiscal de los trabajadores, autónomos y empresarios con discapacidad, etc. Otras de las reivindicaciones positivas es al igual que la «Ley de Paridad Electoral» ha otorgado a la mujer el protagonismo político que nunca se le había concedido, también se tenga en cuenta a la hora de realizar las listas electorales, el 8,5% de personas que tienen alguna discapacidad en nuestro país. Según la revista Minusval, y tras la encuesta que elaboró el Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia, 2.008) en España hay 3,8 millones de personas con alguna discapacidad, lo que supone una tasa global de prevalencia del 8,5%. Así pues el debate queda abierto.
Información facilitada por Antonio M. Tejada Cruz

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