GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
Más de un centenar de personas supuestamente implicadas en el fraude a la Seguridad Social en Granada, que ya asciende a 4,5 millones de euros, declararán desde hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, que investiga la causa.
Así lo señalaron a Europa Press fuentes judiciales, que indicaron que aunque la declaración estaba prevista inicialmente para el pasado día 12 y el día 15, la imposibilidad de asistir de uno de los abogados de las partes ha aplazado la comparecencia de los citados a hoy y el próximo 26 de marzo.
El número de arrestados asciende ya a 179, después de que la segunda fase de la llamada «Operación Genil» se haya saldado con la detención de 77 personas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa, a las que se suman las 102 del pasado mes de diciembre, entre los que se encuentran cuatro empresarios –uno de ellos ya en prisión–, a los que se les imputa insolvencia punible, falsificación de documentos, estafa y un delito contra la Seguridad Social.
La investigación ha destapado además una posible trama para la obtención de filiaciones ficticias de permisos de residencia por parte de extranjeros. De esa manera la operación se diverge en tres ejes. Por un lado se investiga la cantidad que no se abonaba a la Seguridad Social por las filiaciones; por otro se están analizando las prestaciones percibidas por los trabajadores por desempleo; y finalmente, la utilización de las filiaciones para conseguir permisos de residencia.
La operación se inició después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras –ya que las empresas pertenecen al sector de la construcción– que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.

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