GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha decretado la apertura del juicio oral contra los once imputados por la supuesta tramitación irregular del Parque Comercial Nevada en Armilla (Granada), que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión y hasta 24 de inhabilitación.
El órgano competente para el enjuiciamiento de la causa será un juzgado de lo penal (al que corresponda por reparto) teniendo en cuenta que la pena solicitada por la diferentes acusaciones no excede de los cinco años, según consta en el auto, de más de 20 folios, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Asimismo ratifica el juez la libertad provisional de los procesados, entre los que se encuentra el ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, el promotor Tomás Olivo, los cuatro concejales de la Junta de Gobierno Local que otorgó la licencia, un abogado, una letrada de Diputación y dos arquitectos.
El juez, que considera a la empresa General de Galerías Comerciales S.A. responsable civil directa, mantiene la paralización de las obras, con la excepción de los trabajos de urgencia necesarios para evitar el riesgo a terceros.
Del Arco rechaza además la pretensión del PP, personado como acusación particular en la causa, de imputar a Morales Cara y Cañavate el delito de malversación de caudales públicos, ya que es un delito que no existía en la petición fiscal, a la que la parte se había adherido.
La Fiscalía solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando al ex alcalde de Armilla (Granada) José Antonio Morales Cara y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, para los que pide dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción –también imputado en el «Caso Malaya»– lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
El PP, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.

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