Pide además el embargo de los bienes de los inculpados en cuantía de seis millones de euros
GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)
El PP, personado como acusación particular en el «Caso Nevada», ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales para el ex alcalde de Armilla (Granada) José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate un total cuatro años de cárcel y 24 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos, contra la ordenación del territorio e infidelidad en documentos públicos, aunque exime de responsabilidad penal al promotor del Centro Comercial, Tomás Olivo.
Los «populares» consideran además responsables de un delito contra la ordenación del territorio a los cuatro concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de licencia al Nevada, para los que piden ocho años de inhabilitación, según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press.
En cuanto a la responsabilidad civil, el PP, que fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía, pide que los acusados indemnicen al Ayuntamiento de Armilla, así como a los perjudicados personados y aquellos otros que pudieran resultar de los perjuicios de los que puedan ser responsables los acusados, en una cantidad que se determinará en el juicio o en ejecución de sentencia y solicita además el embargo de los bienes de los inculpados en cuantía de seis millones de euros.
El PP se adhiere parcialmente a la calificación de la Fiscalía, aunque no acusa al resto de los imputados por el Ministerio Público –Olivo, un abogado, una letrada de Diputación y dos arquitectos–, si bien se reserva ampliar la querella contra más personas de las que se se sospeche que puedan tener responsabilidad, a tenor de las pruebas que se practiquen.
Asimismo, añade el delito de malversación a Morales Cara y Cañavate pues «pueden haber lucrado al promotor al dar aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento con grave perjuicio para la causa pública».
Para los «populares» es «cuando menos sorprendente que, ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Armilla, ni la Diputación Provincial hubiesen realizado ninguna actuación de control efectivo sobre las numerosas ilegalidades urbanísticas, a nuestro juicio constitutivas de delito que, lo cual nos lleva a sospechar que son todos los que están, pero no están todos los que son».
EL AYUNTAMIENTO DE ARMILLA COMO «PERJUDICADO DIRECTO»
El PP realiza además dos matizaciones. De un lado cree que el Ayuntamiento de Armilla ha de tenerse por «perjudicado directo» de las actuaciones por las que se acusa, puesto que, de existir delitos, es «innegable» que el Ayuntamiento de Armilla habrá perdido el ingreso de tasas e impuestos en las arcas municipales como consecuencia de las ilegalidades producidas. «Al haber mayor edificabilidad que le permitida, el Ayuntamiento ha perdido ingresos en cuanto a Licencia Municipal de Obras y respecto de una hipotética Licencia de Primera Ocupación. También ha perdido patrimonio municipal de suelo, al haber recibido menos cesiones», puntualiza.
A su entender, Armilla queda perjudicada por el hecho de que el centro tenga mayor volumen, ocupe zonas verdes, zonas de servidumbre de carreteras, desaparezcan caminos públicos, aparcamientos, se disminuyan la anchura de los viales y se pierda equipamiento, por lo que el municipio no debe quedar ajeno a dichos perjuicios «que, aunque existiera demolición total o parcial, se seguirían produciendo, puesto que ya es insubsanable el hecho de que los viales hayan quedado con menor anchura al haberse construido viviendas junto a los mismos». Por ello, solicita el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Armilla como parte perjudicada por los hechos objeto de querella.
De otro punto, la acusación particular cree que los delitos denunciados no son algo «abstracto», «algo que no perjudique a ciudadanos de a pie a los que, supuestamente, protegen las administraciones –en este caso Ayuntamiento de Armilla, Junta de Andalucía y Diputación–«. «La autoría delictual tiene un resultado dañoso que hay que conectarlo con la sociedad civil. El diseñar un proyecto ad gustu sin tener en cuenta ni el marco legal ni el interés de los ciudadanos es absolutamente rechazable», señalan los «populares».
Para el PP, el abuso de posición de los políticos acusados, «ha sido de tal envergadura que no han tenido ni tan siquiera la precaución de haber cumplido la legislación municipal que ellos mismos aprobaban; es incomprensible que dominando como dominan el Ayuntamiento Armilla y siendo el acusado Morales Cara miembro preeminente de la Comisión Provincial de Urbanismo no procediera en unión de sus los acusados políticos, a aprobar los instrumentos de innovación necesarios para ejecutar el proyecto del Nevada, dentro de la legalidad».

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