GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente ejecutivo del PP de Granada, Antonio Ayllón, reiteró hoy su crítica al PSOE por permanecer «silente» por el «Caso Nevada» y pidió el cese de José Antonio Morales Cara como director de Fermasa, después de que ayer se hiciera público el escrito de acusación de la Fiscalía, que solicita la demolición del Centro Comercial de Armilla y 20 años de inhabilitación, dos de cárcel, y multa de 10.800 euros para el ex alcalde y el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate.
En declaraciones a Europa Press, el dirigente «popular» consideró que la argumentación del Ministerio Público «refrenda» lo que el PP «viene argumentando» en lo que concierne al Nevada y pone en evidencia las «vergúenzas» del PSOE de Granada, «que no es capaz de tomar ninguna medida, ni de hacer dimitir a Morales Cara ni echarlo de la vida pública».
«Se le investigó, se le ha acusado, y ahora está esperando el juicio», señaló Ayllón, para quien al menos, el ex alcalde, que fue secretario de Infraestructuras y Áreas Metropolitanas del PSOE de Granada, tiene «responsabilidades de alto calado» que debería tener sus consecuencias, al menos, políticas.
De igual forma, incidió en que si el PSOE sigue permitiendo «que estos señores sigan en la vida política» deberá «aclarar» su silencio, y la participación en el caso de la «tercera pata del Clan de Armilla», el actual alcalde de la localidad y ex delegado de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez.
Ayllón señaló que los servicios jurídicos del partido están actualmente redactando su escrito de acusación, que irá «en la misma línea» que el de la Fiscalía, que considera a Morales Cara y Cañavate presuntos autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Al promotor de la construcción, Tomás Olivo –también imputado en el «Caso Malaya»–, lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
Asimismo, los cuatro concejales que formaron parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó el plan parcial de los terrenos se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados, y los restantes acusados, un abogado y una letrada de Diputación y dos arquitectos, a ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación.
En cuanto a la demolición del Nevada, cuyas obras están actualmente paralizadas por orden judicial, la Fiscalía precisa que la destrucción de lo construido deberá incluir los accesorios, entendiendo por estos hasta las obras de cimentación soterradas y plataformas y viales sobre rasante, «hasta reponer el terreno edificado o construido en todo su perímetro a su realidad física primigenia».
Precisa sin embargo que sólo cabría la posibilidad de demolición parcial de lo construido si la opción se orientara a la creación de un «verdadero anillo verde» entre el Centro Comercial y las viviendas colindantes.

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