GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Granada ha condenado a una pena de nueve años de cárcel a dos hombres, Francisco H.S. y Abraham G.L., por extorsionar, robar y detener ilegalmente por una supuesta deuda a un socio de la empresa de productos dietéticos en la que trabajaban los tres. Asimismo, los procesados deberán pagar de manera solidaria la cantidad de 3.000 euros más los intereses legales a su víctima.
Según consta en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan al 13 de junio de 2005, cuando, sobre las 10,00 horas, los ahora condenados, ambos sin antecedentes penales, se presentaron con otras dos personas más en el domicilio de su socio, en Maracena (Granada).
Dado que existía relación previa entre los procesados y el denunciante, éste les franqueó la entrada de su vivienda, donde, una vez dentro, le comenzaron a empujar diciéndole que «les había hecho perder mucho dinero y que venían a cobrárselo», según señala la Sala en el fallo, contra el que cabe recurso de casación.
Le obligaron entonces a sentarse en una silla al tiempo que le preguntaban dónde tenía el dinero. Al responder la víctima, de iniciales A.M.H.M., que no tenía, le exigieron que les entregara las escrituras de la vivienda y los dos vehículos que tanto éste como su esposa poseían. Acto seguido, y mientras le decían que, en caso de no cobrar la supuesta deuda que se le reclamaba, «sabían dónde vivía su madre y el colegio donde estudiaba su hijo», procedieron a registrar la casa.
Se apoderaron de 3.000 euros en efectivo, las llaves de la vivienda y el mando de la cochera. Además, le llevaron hasta el sótano, lugar donde se encontraba la caja fuerte, exigiéndole que la abriera. Al decir A.M.H.M. que no recordaba la combinación, los procesados le golpearon varias veces en la parte posterior de la cabeza sin causarle lesión.
Tras dos intentos de abrirla, desistieron de ello por temor a que estuviera conectada a una Central de Alarmas, por lo que volvieron a la planta superior y reclamaron a su presunta víctima más dinero, la documentación de la vivienda y la de los vehículos. A.M.H.M. les contestó que las escrituras las tenía su abogado y que el vehículo de su mujer lo había vendido.
LE OBLIGARON A LLAMAR AL CONCESIONARIO
Sin embargo, los acusados, al registrar los muebles, encontraron en un cajón las llaves de un coche, por lo que le preguntaron dónde se encontraba, a lo que A.M.H.M respondió que estaba en un concesionario, al que le obligaron a llamar para decirle a su responsable que había vendido el turismo a dos personas que iban a pasar a recogerlo.
Mediante amenazas obligaron a su víctima a subir en otro turismo de su propiedad, que llevaron hasta Granada, donde lo estacionaron en un aparcamiento en el Centro Comercial Neptuno. A continuación, le obligaron a ir a pie hasta una inmobiliaria, donde los acusados y A.M.H.M. comparecieron para redactar un contrato de compra-venta de la vivienda de éste último.
Al decirles la empleada del establecimiento que aquello no era posible, se marcharon y entraron posteriormente a una cafetería, donde los procesados obligaron a firmar a A.M.H.M. un documento confeccionado a mano del que no le permitieron conocer su contenido y el permiso de circulación de su vehículo en la parte posterior. También le arrebataron su DNI y le hicieron varias fotocopias.
Finalmente, dos horas después le dejaron marchar, pero ellos se fueron con el coche de éste, al que dijeron que volverían para cobrarse su deuda. A continuación pasaron por el concesionario y recogieron y se apoderaron del vehículo antes mencionado.
La compañía aseguradora de los vehículos indemnizó a A.M.H.M con 22.500 euros.
Durante el juicio, que tuvo lugar en la Sección Primera de la Audiencia de Granada el pasado 27 de noviembre, los acusados negaron haberse presentado en el domicilio del denunciante para amenazarle y conseguir todo el dinero que tuviera.
Francisco H.S., con domicilio en Valencia, dijo conocer a A.M.H.M. desde hace más de una década, a consecuencia de los negocios que ambos mantenían. Así, en su declaración ante el tribunal, señaló que se dirigió desde Alicante hasta Granada en el coche del segundo acusado y otras dos personas más que no han sido identificadas.
Una vez en Granada, quedaron en una cafetería de Maracena con el denunciante, después de que comprobaran que en el domicilio social de la empresa no se encontraba. A. les invitó, según su testimonio, a su casa, donde Francisco le aseguró que la situación de la empresa en la que eran socios era «insostenible», ya que mantenía una deuda de 400.000 euros.
Entonces, fue el propio denunciante quien se comprometió a asumirla y, para ello, le entregaría a Francisco su vehículo y otro que tenía en un concesionario de Chauchina para venderlo, así como su propia vivienda, testimonio que la Audiencia de Granada no ha admitido como cierto.

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