GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
El coordinador provincial de IU de Granada, Manuel Morales, consideró hoy que la Junta de Andalucía «era conocedora de las irregularidades cometidas» en el Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Granada haya concluido la investigación al respecto y mantenga las imputaciones contra el promotor Tomás Olivo, el que fuera alcalde de la localidad, José Antonio Morales Cara (PSOE), cinco concejales y cuatro personas más.
A través de un comunicado, Morales instó al PSOE y a la Junta a que colaboren con la justicia para favorecer el esclarecimiento las supuestas ilegalidades en la tramitación del Nevada. «Hay que facilitar que los vecinos y comerciantes de Armilla y Granada tengan una respuesta lo más pronta posible sobre el futuro de la zona. Más allá de las responsabilidades legales hay una serie de infraestructuras y obras pendientes en la zona para el futuro desarrollo de Granada», mantuvo.
El coordinador provincial de IU incidió también en el daño que han supuesto estas irregularidades para los vecinos de Armilla y Granada, que se enfrentan a un nuevo caso «que se eterniza en el tiempo y tiene paralizada toda una zona por desarrollar». «Desde Izquierda Unida esperamos que en cualquier caso se castigue con toda la contundencia y peso de la ley a todos y cada uno de los responsables» concluyó.
Según consta en el auto emitido por el juez, consultado por Europa Press, las imputaciones se dirigen contra el ex alcalde de la localidad, el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, los cuatro concejales que, como miembros de la junta de gobierno local, aprobaron en septiembre de 2005 la concesión de la licencia de obras del Nevada, el promotor, dos arquitectos, un abogado y la funcionaria de la Diputación.
Al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo se les considera responsables de infidelidad en la custodia de documentos públicos y prevaricación urbanística, mientras que a Olivo, que también esta imputado en el «caso Malaya», se le cree presunto autor de un delito contra el orden público por desobediencia grave a la autoridad judicial o de obstrucción a la justicia por quebrantamiento de una medida judicial.
A los cuatro concejales se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, mientras que a los cuatro restantes se les atribuye el de prevaricación.

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