La cantidad supuestamente defraudada asciende a unos siete millones de euros y el número de implicados supera ya el millar
GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)
La «Operación Genil», que investiga un supuesto fraude a la Seguridad Social en Granada, en el que ya están implicadas más de un millar de personas, ha destapado una posible trama para la obtención con filiaciones «ficticias» de permisos de residencia por parte de extranjeros.
Así lo señaló hoy en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, quien informó de que son ya doce las empresas «fantasma» relacionadas, si bien se han investigado por ahora a cinco de ellas, que podrían haber defraudado seis o siete millones de euros, cantidad susceptible de variar en tanto que se constate la implicación de las otras siete.
Así, la trama se diverge en tres ejes; por un lado, se investiga la cantidad que no se abonaba a la Seguridad Social por las filiaciones; por otro, se analizan las prestaciones percibidas por los trabajadores por desempleo; y finalmente, lo que el subdelegado consideró «muy preocupante», la utilización de las filiaciones tanto a la Seguridad Social como al INEM para conseguir permisos de residencia por un número de extranjeros que aún no se ha conseguido concretar.
El Juzgado de Instrucción 9 de Granada, en el que se sigue la investigación, ha pedido la personación de la Seguridad Social y el INEM como posible parte afectada, para lo que los organismos ya han designado a sus correspondientes letrados, según incidió el subdelegado.
Cruz no pudo asegurar el número de imputados, entre los que se encuentran al menos cuatro empresarios ficticios, a los que se les atribuye un supuesto delito de insolvencia punible, contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, mientras que a los trabajadores implicados se les considera presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa.
Las investigaciones se iniciaron después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
INEXISTENCIA DE OBRAS
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras –ya que las empresas pertenecen al sector de la construcción– que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por el empresario C.I.A.N, con el que colaboraba J.R.C.C.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.
Todo, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, para eludir las acciones ejecutivas que pudiera llevar a cabo la Seguridad Social.
En estas empresas, que tenían una escasa actividad laboral y en otros casos carecían de ella, habían sido dados de alta un número elevado de personas, que, si bien en algunos casos han declarado haber trabajado, no han logrado identificar los lugares, circunstancias y situaciones en que desarrollaron la supuesta actividad laboral. La mayoría son mujeres, muchas de las cuales se dedicaban de forma habitual a la venta ambulante. Otros no habían tenido actividad laboral anterior.
Tras prestar declaración, la mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad con cargos, mientras que los supuestos empresarios, C.I.A.N. y J.R.C.C. pasaron a disposición judicial hace unas semanas, cuando el juez decretó su ingreso en prisión para el primero y dejó en libertad con fianza de 6.000 euros al segundo.
Según incidió Cruz, la operación, coordinada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, sigue abierta.

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