GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Economía y Hacienda ha acordado retener al Ayuntamiento de Granada los 15.747.229 euros del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que la Diputación Provincial le reclama desde el pasado 8 de febrero, lo que para el equipo de Gobierno municipal es una «estrategia política para asfixiarle» y una «maniobra ilegal» que incluso «puede incurrir en prevaricación».
En rueda de prensa, la concejal de Economía en el Consistorio, Isabel Nieto, explicó que la Diputación dispone de una ordenanza fiscal según la cual el Ayuntamiento de la ciudad le tiene que pagar un tributo que consiste en el 40 por ciento de lo que se recaude del IAE. Así, según relató, el pasado 3 de febrero la Diputación le reclamó al Consistorio unos 15.747.229 euros, pendiente de que el Ayuntamiento confirmara esa cantidad, en concepto de deuda acumulada desde 1996 por este impuesto.
La «espera de confirmación» se produjo, según precisó Nieto, porque la Diputación conoce únicamente cada año lo que se publica en el padrón, es decir, el pago e importe de los recibos, mientras que lo que se le abona es «el 40 por ciento de la recaudación y no de los recibos».
Según relató la edil, el Ayuntamiento manifestó el pasado 8 de febrero su disconformidad con la cantidad reclamada, alegando que en cualquier caso la estudiaría para abonarla «en la medida de lo posible». Así, señaló que tras certificar que la cantidad reclamada del año 2005 no coincidía –porque la Diputación reclamó 817.264 euros y el Ayuntamiento fijó la cifra en 735.396– pagó esta deuda en dos plazos. Asimismo, «el año 2004 está pagado entero y de 2003 quedan 205.000 euros», según indicó.
A pesar de que entre febrero y marzo se efectuaron estos pagos, el pasado 13 de marzo la Diputación insistió en que el Ayuntamiento firmara un acuerdo para que el Ministerio le retuviera los 15 millones, a lo que el Consistorio se opuso el 20 de marzo, entendiendo que las deudas tributarias prescriben a los cuatro años. Asimismo, Nieto precisó que entonces solicitó a la Administración Provincial que declarase esta prescripción, si bien «hasta hoy no hubo respuesta». Por eso, según indicó, se produjo lo que se conoce como «silencio positivo».
«En vez de argumentar jurídicamente si lo entendía prescrito o no, la Diputación tiró por el camino más corto y mandó al Ministerio un escrito para que se nos retuviera esta cantidad. Y este, en acuerdo con el ente provincial, decide que se nos tiene que retener toda la deuda de la participación en tributos», aseguró.
Este acuerdo, bajo su punto de vista, es «un atropello más» que se hace a los ciudadanos de Granada, porque, según argumentó, el Ministerio sólo puede retener dinero cuando corresponda a «deudas firmes certificadas por un interventor». Según puntualizó la edil, así lo establece el artículo 134 de la Ley de Haciendas Locales.
En este sentido, criticó que el Estado –tal y como indica en la resolución adoptada– no se considere competente para decidir sobre las cantidades que adeuda el Ayuntamiento o para decidir si se ha producido o no el silencio positivo, cuando finalmente ha acordado la retención. Además, Nieto criticó que se le haya negado la vista del expediente, lo que, en su opinión, hace que el Ayuntamiento se quede en «la más absoluta indefensión».
Ante lo acordado por el Ministerio, Nieto anunció que en la próxima Junta de Gobierno Local, que tendrá lugar el próximo viernes, se estudiará interponer acciones judiciales para solicitar la suspensión de este acto.
En su opinión, «de nada serviría reclamar al Ministerio», ya que se trata de una «maniobra política a cinco meses de las elecciones» para ir reteniendo cada mes el 50 por ciento de las transferencias con el objeto de «acorralar» al Consistorio. «El Ministerio ha podido incluso caer en prevaricación, porque ha realizado un acto administrativo a sabiendas de que es contrario a la ley, y todo con fines políticos», afirmó.
«VENGANZA» DE MARTÍNEZ CALER
Según valoró Isabel Nieto, la actitud de la Diputación Provincial responde a las «represalias anunciadas por su presidente», Antonio Martínez Caler, cuando hace más de un año los ayuntamientos se manifestaron para protestar por la diferencia de trato que la Administración Provincial profiere a los municipios, según indicó.
«Llevo más de un año sufriendo en silencio este acoso y creo que ya ha llegado el momento de decirlo. Creo que la Diputación, desde aquella manifestación que hubo, colgó una diana en la pared con mi cabeza y todos los días me tira un dardo», aseveró.
Según valoró, el «chantaje» y «acoso continuo» por parte de la Diputación es evidente cuando reclama facturas de publicaciones en los boletines o incluso de perreras de 1997 que ni siquiera remitían entonces». Por contra, según indicó, la Diputación le debe al Ayuntamiento 430.000 euros que están prescriptos y que, por lo tanto, no se le pedirá, ya que sería «una ilegalidad» y «una pretensión absurda», según manifestó.

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