GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)
El portavoz del PP en la Diputación de Granada, Antonio Granados, solicitó hoy la creación de una comisión de investigación para aclarar la adjudicación de las obras de la planta de residuos de Motril por la sociedad Infraestructuras y Equipamientos de Granada (Ingra S.A.), tras conocer el dictamen emitido por la Comisión Europea (CE) acerca de irregularidades en la contratación.
En rueda de prensa, el popular pidió también que de forma «urgente» se celebre un Consejo de Administración de la empresa, que depende de la Diputación provincial, por lo que acusó al presidente, Antonio Martínez Caler, de «agotar el cupo de mentiras de 2006».
Granados consideró que es el máximo responsable de la institución supramunicipal el que debe «dar explicaciones» y no el gerente de Ingra, Antonio Reyes, que ayer emitió un comunicado desmintiendo las irregularidades a las que hace mención el dictamen de la CE.
Según el popular se ofertó a un precio que luego hubo que rebajar para adjudicarlo a una determinada empresa, explicó Granados, que acusó de «mentir» a Reyes quien por el «nerviosismo» que se vive en Diputación actualmente salió ayer al paso de la información.
Según informó la Diputación en un comunicado, las consideraciones que recoge la CE en el dictamen aludido son fruto de «la denuncia de una de las empresas que optó a la realización de la obra de la planta de tratamiento de Motril». La empresa, que sin embargo, participó en la licitación de la obra, denunció el proceso al final, una vez que comprobó que no había resultado adjudicataria.
Todo ello, después de que a Comisión Europea remitiera un dictamen motivado a España, segunda fase en el procedimiento de infracción, por considerar que Ingra adjudicó un contrato de obras para la construcción de la incumpliendo una serie de disposiciones de la directiva comunitaria sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras.
La Comisión alega que la sociedad fraccionó artificialmente el contrato de obras para la construcción de la planta de tratamiento de residuos con el objetivo de soslayar la aplicación de la directiva comunitaria sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.

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