CIJUELA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)
El grupo municipal de IU en Cijuela (Granada) ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un informe sobre «posibles ilegalidades» detectadas en la operación urbanística llevada a cabo por la empresa Prodicux S.L. que, según manifestó, adquirió en noviembre de 2005 dos fincas rústicas de 84.919 metros cuadrados que el Ayuntamiento recalificó tras la modificación de las normas subsidiarias para la construcción de 203 viviendas, según la aprobación por el pleno del plan parcial R-4.
Según explicó IU en una nota de prensa remitida a Europa Press, los terrenos adquiridos por esta empresa a principios de 2004 –que tuvieron un coste de 536.322,5 euros, ya que se pagaron al agricultor a seis euros el metro cuadrado con una prima de 6.000 euros– reportarán a sus propietarios beneficios de 60.000.000 euros, puesto que el valor del terreno urbanizable según el mercado inmobiliario rondaría en estos momentos los 900 euros por metro cuadrado.
En este sentido, IU consideró que entre el alcalde de Cijuela, Francisco Rueda (PSOE), y los propietarios de la empresa ha existido «un tráfico de información privilegiada» que podría haber tenido como intermediario a «un perito municipal que pudiera estar profesionalmente unido a INCUDI S.L.», de cuya empresa son administradores los propietarios de Prodicux.
Así, según advirtió, este pudo haber intervenido en las negociaciones entre esta última empresa y el alcalde con la emisión de los correspondientes informes técnicos para la adquisición de los terrenos. De ser cierta esta implicación, estaría afectado por la Ley de Incompatibilidades que impide la realización de cualquier clase de trabajo en relación con este asunto.
En su informe, IU pide a la Fiscalía que investigue estas operaciones en las que «podría haberse dado un delito de maquinación para alterar del precio de las cosas», en lo que se refiere, según precisó, a la «espectacular» subida del precio del metro cuadrado, y «un delito de cohecho derivado de la relación entre la empresa Prodicux y el Ayuntamiento de Cijuela», a la vez que solicita «una investigación sobre la relación personal entre el técnico municipal de Urbanismo y los promotores y sus empresas».
IU calificó de «inaceptable» la «cortina de humo utilizada desde la Alcaldía» para hacer aparecer esta operación como beneficiosa para el municipio con el anuncio de que el 30 por ciento de las viviendas proyectadas será de protección oficial, según valoró.

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