GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado la pena de un año y medio de prisión para el alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE) y dos ediles Tomás Ruiz y Luis Pozo, así como inhabilitación para el jefe del Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, José María Visedo, por un delito contra el medio ambiente, a consecuencia de unos vertidos ilegales en un acuífero del municipio.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal presenta como alternativa a la pena de cárcel solicitada para los responsables del Ayuntamiento ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de una multa de 12.960 euros para cada uno.
Para el jefe del Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura pide inhabilitación por ocho años y una multa de igual cuantía que a los ediles. En el escrito, el ministerio público solicita la apertura de juicio oral.
La Fiscalía denunció el pasado mes de marzo a la empresa que construyó la balsa de alpechín, a la actual propietaria de la misma y al Ayuntamiento de Atarfe (Granada), después de que se detectaran vertidos de alpeorujo en el acuífero de Raja Santa en Sierra Elvira, por la comisión de un posible delito contra el medio ambiente, tras la pertinente investigación llevada a cabo a consecuencia de una denuncia del Seprona.
Los hechos se desencadenaron después de que el Seprona de la Guardia Civil advirtiera de la existencia de vertidos de alpeorujo en el acuífero de Raja Santa en Sierra Elvira, por el que fueron denunciadas las empresas propietarias.
A consecuencia de ello, se tomaron muestras que dieron un resultado «superior al establecido legalmente» por lo que se ponía en peligro con dichos vertidos la defectuosa impermeabilización de las balsas y existe riesgo de derramamiento del alpeorujo a la tierra.
En las tomas de muestras realizadas en 2004 y 2005 se obtuvo agua del acuífero de Raja Santa en la que se halló la presencia de grasas, aceite y una «importante presencia de arsénico de desconocido origen». En la última muestra, llevada a cabo en febrero de 2006, se demostró la presencia de aceites vegetales.
La posterior actuación del Seprona, que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, determinó que se denunciara la existencia de tales vertidos en instancias judiciales por si eran constitutivas de delito. El ministerio público incoó diligencias previas el pasado 1 de marzo y pidió que se acordara la suspensión de vertidos.
Pese a tener constancia el responsable de la Junta de la situación de los vertidos, dice el fiscal, ordenó la suspensión de paralización de los mismos en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en la que se arrojaron escombros para «taparlas».
El cierre de las balsas originaba un «grave peligro de rotura de la impermeabilización plástica» lo que motivó, al parecer, el desbordamiento a la zona colindante en la que apareció una «capa negra y brillante de fuerte olor a alpeorujo».

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