GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Antonio Martínez Caler, afirmó hoy que el pasado 29 de diciembre de 2005 mandó paralizar las obras la carretera provincial A-4050, que une Almuñécar con el Suspiro del Moro y que es conocida como carretera de la Cabra, por lo que, de esta forma, el conflicto por este asunto «ahí empieza y ahí termina», según afirmó.
En declaraciones a los periodistas, Martínez Caler se refirió a la sanción de 100.101 euros que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía le ha impuesto por incumplir la orden de paralización de obras en la carretera que dictó la administración hace un año por daños medioambientales, según anunció hoy en rueda de prensa el PP.
Al hilo de esta cuestión, el presidente aseguró que el PP «miente» cuando asegura que su Administración no le facilita información sobre la carretera, ya que, según manifestó, «los expedientes están a su entera disposición» y «pueden consultar los documentos uno a uno».
A su vez, el presidente aseguró que en el informe medioambiental inicial que le facilitó la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre la carretera «no mencionó en ningún momento irregularidad alguna».
Sin embargo, el portavoz popular en la Diputación, Antonio Granados, aseguró hoy en rueda de prensa que cuando Medio Ambiente ordenó la paralización inmediata de cualquier obra en la carretera que implicase la destrucción de especies vegetales de la zona, Martínez Caler continuó con los trabajos. Hasta entonces, según dijo el popular, se eliminaron 750 ejemplares de «arenaria delaguardiae», una especie vegetal protegida.
Por ello, según recordó, su partido denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al delegado de Medio Ambiente de la Junta en Granada, Gerardo Sánchez, el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, y al ex vicepresidente de dicha institución, Gabriel Cañavate, por la posible comisión de los delitos de prevaricación y contra el medioambiente por su gestión en la carretera de La Cabra.
Las obras fueron autorizadas, según el PP, en virtud de una «irregular declaración de emergencia» y sin el previo informe de impacto ambiental que fue emitido un año después, cuando el daño era ya «irreparable».
Según los populares, el 4 de agosto de 2005 el entonces presidente en funciones de la Diputación, Gabriel Cañavate, declaró de «emergencia» las obras de la carretera por el «grave peligro de seguridad vial» sin especificar cuál era éste y sin que concurrieran los acontecimientos catastróficos previsto para optar por la declaración de emergencia.
Asimismo, el PP estima que con su actuación, los socialistas aprobaron un informe ambiental que se transformó en Estudio de Impacto ambiental, lo que contraviene, a su juicio, la legislación al respecto porque «no se respetó el trámite y se aprobó de forma simultánea a la declaración de emergencia un precipitado estudio de impacto ambiental de «nula validez».
Tampoco se cumplió con el trámite de «exposición pública», por lo que, en opinión del PP, se evidencian «importantes irregularidades e ilegalidades» en la tramitación del expediente y en su ejecución.

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