GRANADA, 01 (EUROPA PRESS)
El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) dictaminó favorablemente a la propuesta de acuerdo desestimatorio de la responsabilidad patrimonial de la Administración en el expediente incoado a instancias de siete funcionarios de la Diputación provincial de Granada por el “grave daño” causado a su honor y dignidad personal y profesional a través de unos correos electrónicos que ponían en duda los méritos utilizados por estos para ganar la plaza en el año 2004, por lo que pedían una indemnización.
Según informó el órgano consultivo, en un comunicado remitido hoy a Europa Press, los empleados reclaman una indemnización a la Diputación por el funcionamiento de ésta que “ha permitido sin oponer resistencia” la distribución masiva a través de ese medio de titularidad pública de un texto “gravemente ofensivo” a sus personas, entre los que se acusaba a una de las afectadas de haber aprobado por ser “la amiguita” del jefe del servicio en el que estaba empleada y no por méritos propios.
En esta dirección, acusan a la Administración reclamada de una actitud omisiva, sin que quepa invocar la existencia de fuerza mayor, “toda vez que existen medios técnicos simples que hubieran impedido la comisión del hecho denunciado”. En opinión de los reclamantes, la Diputación pudo haber prevenido este lamentable suceso, limitando el acceso a su correo electrónico de correos externos.
No obstante, estima el CCA, los reclamantes han desarrollado una “nula actividad probatoria”, no sustentando sus argumentos con dato técnico alguno ni con la aportación de informes de expertos en informática o telemática que indiquen siquiera someramente “cuáles han sido los errores cometidos por la Diputación Provincial en la implantación del servicio de correo electrónico, ni las medidas de protección que debieran haberse tomado con relación a la recepción y contenido de los correos externos que pueden recibir sus trabajadores”.
En cuanto a la “inactividad” de la Diputación de Granada desde la recepción del referido correo, se justifica por el informante –la Diputación– en los siguientes términos: “la procedencia del correo era externa y, por tanto, no podemos realizar ninguna actuación especial sobre la recepción de mensajes ya que está prohibido por la legislación en materia de protección de datos y privacidad de las comunicaciones personales, exceptuando las acciones automáticas propias del tratamiento telemático que implican de control de virus y anti-spam”.
Pese a las alegaciones formuladas de contrario por los reclamantes, hay que reconocer que la fundamentación utilizada por la propuesta de resolución en este punto es ajustada a Derecho, habida cuenta de la virtualidad del artículo 18.3 de la Constitución Española, que garantiza el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial.
Desde esta óptica, y con independencia de si era o no técnicamente posible, la Diputación no podía aplicar un mecanismo de control o censura sobre el contenido de las comunicaciones recibidas a través del correo electrónico sin violar el secreto de las comunicaciones, considera el CCA.
Distinto sería que la Diputación hubiera permanecido “indiferente” ante denuncias de violaciones de derechos, igualmente protegibles, a través de dicho medio, o que hubiera consentido, una vez conocidos los hechos, que se siguiera utilizando la cuenta de correo genérica para enviar sucesivos escritos abundando en el contenido difamatorio.
Ha sido un “tercero” quien, aprovechando el anonimato de un correo externo y la existencia de una cuenta de correo genérica prevista con fines incuestionables, ha difundido el mencionado escrito difamatorio. A dicha persona le resultará exigible la responsabilidad, en su caso, como resultado de las averiguaciones que se llevan a cabo por la vía penal, sin que “pueda atribuirse a la Diputación de Granada la causación del daño por no haber interceptado el correo referido, pues ni podía ni debía hacerlo”.
Como quiera que el Consejo Consultivo considera que no se da el nexo causal alegado por los reclamantes, falta un requisito crucial para poder estimar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Siendo así, no resulta preciso examinar el problema de la evaluación del daño, cuantía y modo de la indemnización que en otro caso hubiera debido de reconocerse.

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