GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)
El PSOE de Granada ha puesto en conocimiento de la Fiscalía presuntas irregularidades en el polígono industrial «Marchalhendín», en el municipio granadino de Alhendín, por la posible comisión de un delito de fraude contra el patrimonio municipal de suelo y un delito de prevaricación.
El escrito, al que tuvo acceso hoy Europa Press, el secretario de Organización del PSOE de Granada, Juan Manuel Fernández, hace relación al convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Alhendín (PP) y la entidad «Parque Empresarial Alhendín S.L.» de fecha 15 de febrero de 2005, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 16 de diciembre.
Así, el convenio «modifica sustancialmente» los compromisos adquiridos en el año 2000 por el propietario de los terrenos que adquiere el «15 por ciento de aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento de Alhendín» por lo que se priva al resto de propietarios de adquirir dicho aprovechamiento.
Pese a estar los compromisos adquiridos en 2000 «plenamente vigentes», el Ayuntamiento lo modificó y se apartó manifiestamente de las estipulaciones del anterior por lo que resultó gravemente perjudicial para los intereses públicos porque «vulnera la legalidad urbanística».
Entiende el PSOE que «no existe la preceptiva valoración del referido aprovechamiento que deben realizar los servicios de la Administración e incluirse en el propio Convenio». Además, «no existe informe técnico de valoración hasta el 9 de diciembre de 2005, según el cual la valoración del 15 por ciento del aprovechamiento cedido por el Ayuntamiento asciende a 24,2 millones de euros».
Dicho informe realiza una valoración de las contraprestaciones a fin de que las mismas coincidan con la cantidad sustituida del 15 por ciento de aprovechamiento cedido por el Ayuntamiento promotor y no se justifica la cesión de un bien de dominio público.
Así, consideró el PSOE un «grave perjuicio para el patrimonio municipal de suelo» la contraprestación ofrecida. El compromiso asumido por los propietarios de suelo afectado, relativo a la venta a precio limitado del 20 por ciento de las parcelas resultantes de la urbanización, se transforma en este nuevo convenio en una obligación que debe asumir el Ayuntamiento en exclusiva.
Es decir, que el Ayuntamiento se quedó, en virtud del segundo convenio, sin suelo, privando con ello al patrimonio municipal de las plusvalías generadas por la acción urbanística, y además le costó unos 14 millones de euros, que es la cantidad que deja de percibir como contraprestación de su 15 por ciento de aprovechamiento urbanístico. Todo ello, sin que existe procedimiento que anule el primer convenio.
SIN LICENCIA
Por otra parte, consta en el escrito del PSOE, las obras se han ejecutado durante más de un año sin proyecto ni licencia, ya que se obtuvo informe desfavorable del técnico municipal que sólo permitió trabajos tales como amojonamiento, estudio topográfico y replanteo.
«Más grave es aún a estas altura del proceso urbanizador» que no exista presentado un proyecto de «reparcelación» conforme al artículo 136 de la LOUA. Para el PSOE se deja «al libre arbitrio» del promotor, si control del Ayuntamiento, la adjudicación y control de las parcelas, contraviniendo con ellos los principios «más elementales que rigen la actividad».

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