GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)
La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Carmen García Raya, anunció hoy, tras reunirse esta mañana con el consejo escolar del IES Alfaguara de Loja (Granada) y con miembros del Ayuntamiento de la localidad, que la seguridad del centro se verá reforzada con un guardia jurado y más presencia policial, si bien, bajo su punto de vista, estas medidas no acabarán con el problema de fondo, que es «social» y tiene su base en la relación «centros-familias».
En declaraciones a Europa Press, García Raya explicó que, como consecuencia de unas obras de gran envergadura que se están realizando en el centro, por valor de casi dos millones de euros, parte de una valla permite el acceso al centro. Así, el pasado jueves se produjo una riña entre dos alumnos en la que intervinieron familiares de uno de ellos, que accedieron al instituto sin problemas.
«Hay una parte de esta valla en la que se tiene que quedar el portón abierto para que entren los camiones y en ella pondremos a un guardia jurado en torno a las horas del recreo, momento en que se puede acercar la gente. A su vez, los agentes de la Policía Local estarán en los horarios de entrada y salida», aseveró la delegada, mientras que la empresa que acomete las obras tendrá su vigilante propio cuando el centro no esté en horario lectivo.
En cualquier caso, estas son medidas para «reforzar», porque, según precisó la delegada, las patrullas de Policía Local, que ya vigilaban el instituto durante la entrada y salida de los alumnos evitaron hasta este momento que se produjeran altercados. De hecho, según destacó, el suceso del jueves se produjo en el recreo.
Se trata, según dijo, de que entre las administraciones se logre que los profesores no trabajen con miedo, ya que «desempeñan un magnífico trabajo», con «gran profesionalidad» bajo su punto de vista. Pero será una medida «puntual» que no se llevará cabo en otros centros: «No trabajamos de forma homogénea, tenemos 54 proyectos con planes de compensación educativa en la provincia, afirmó.
En cualquier caso, Carmen García Raya manifestó que el reforzar la seguridad «resolverá otras cosas», pero no las agresiones. Así, aseguró que «las administraciones debemos ir a la base del problema que es social y educativo, para ver cómo atajarlo».
«El cine por cien de estos incidentes de agresión que se producen por personas adultas ajenas al centro son protagonizados por padres de alumnos con los que los profesores han contactado para comentarles algo sobre sus hijos», señaló.
Además, según consideró, los padres «tienen todo el derecho del mundo a entrar en un centro educativo» en el hijos están escolarizados, siendo sus intenciones una vez dentro «imprevisibles». Así, aunque un guardia jurado vele en la puerta, «los padres seguirán entrando», según argumentó.
La Junta de Personal Docente de Granada solicitó el pasado viernes a la Delegación de Educación de la Junta la adopción de medidas de seguridad en los centros conflictivos de la provincia, con actuaciones de protección y vigilancia.
La petición se produjo tras el último incidente de violencia escolar registrado el jueves pasado en IES Alfaguara a la hora del recreo, donde una riña entre dos alumnos derivó en una batalla campal al intervenir familiares del adolescente que comenzó la pelea, que apalearon al otro joven.

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