GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
El PA de Granada aseguró hoy que las sanciones de tráfico que impone el Ayuntamiento de la capital granadina a los conductores por medio de la recaudación municipal se están cobrando «sin respetar el procedimiento administrativo» y «utilizando incorrectamente las normas para recaudar», entre otras causas, por no identificar a los infractores.
En un comunicado remitido a Europa Press, el PA recordó que las multas se imponen para corregir una conducta perjudicial para el tráfico y «no como sistema encubierto de recaudar impuestos», al criticar que las sanciones de tráfico que impone el Ayuntamiento a través de el área de Tráfico y la recaudación municipal, «se cobran doblemente».
Y es que, según señaló el secretario local del PA, Fernando Egea, «miles de ciudadanos» han sido damnificados por una grave e incorrecta aplicación del procedimiento sancionador y se está llevando a cabo, de forma muy generalizada, una «maniobra» por parte del Ayuntamiento para «convertir infracciones leves en muy graves», aunque se hayan pagado las primeras, según consideró.
Así, el andalucista criticó que «como no se identifica al conductor del vehículo multado, se vulnera el principio legal, constitucional y jurisprudencial de no sancionar dos veces a un mismo hecho». Esto, según precisó, es un error de interpretación del artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial.
Y es que, bajo su punto de vista, a diario se sancionan a «miles de ciudadanos», lo que se puede observar en el BOP de un día cualquiera, por ejemplo, el día 6 de junio de 2006, cuando se sancionó por lo mismo y de golpe a 1.300 granadinos, según relató el andalucista.
Concretamente, Egea explicó el curso seguido por una sanción leve de tráfico cualquiera, por ejemplo, por aparcar indebidamente en Granada. «La sanción debe ser notificada por el policía en ese momento al ciudadano, pero si no ocurre de esta forma, ha de ser notificada por el área de Tráfico, en el domicilio que conste en su permiso de circulación, según el artículo 339 de la ley de Seguridad Vial», explicó Egea.
Al respecto, el andalucista criticó que en este proceso la notificación por el servicio de correos, con acuse de recibo, no se produce o se notifica a domicilios incorrectos. Así, según relató, el Ayuntamiento convierte la sanción inicial leve en otra muy grave, alegando que no se identifica al conductor del vehículo.
Pero, según dijo, en la sanción no se fija el plazo de pago, pues solamente aparece el plazo de pago con descuento. «A pesar de este problema, el conductor que se identifica como tal y paga la multa se encuentra con que un par de meses después vuelven a notificarle a través del BOP, (y no a través de su domicilio), que la sanción leve, por una determinada conducta, se ha convertido en una sanción muy grave por otra distinta (no identificar al conductor)», afirmó.
Por eso, añadió que «una sanción de 40 euros se convierte en otra de 301 euros» y, de esta forma, «se vulnera el procedimiento administrativo», ya que este segundo hecho debería seguir otro procedimiento sancionador completo y distinto.
Según subrayó, el Ayuntamiento, a pesar de conocer el ingreso y constarle el pago recibido en su cuenta y la identificación del conductor, «continúa con esta operación», sin darle importancia alguna al cumplimiento ciudadano.
Por todo esto, Fernando Egea exigió al Consistorio que «corrija» el sistema seguido a la hora de sancionar a los ciudadanos, que respete la normativa y «que no convierta el sistema de multas en un impuesto encubierto con injustos fines recaudatorios».

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